Propuestas socialistas: empleo con derechos, relaciones laborales en igualdad y consolidación del sistema público de pensiones

Luz Rodríguez Fernández[1]

España tiene un problema estructural con relación al empleo, tanto en términos cuantitativos, como de calidad. Nuestro modelo productivo es poco intensivo en trabajo, como demuestra el hecho de que solo en plena burbuja inmobiliaria fuéramos capaces de alcanzar el nivel medio de desempleo de los países de la Unión Europea. Por eso, para crear empleo suficiente y con derechos, necesitamos mucho más que reformas en el mercado laboral. Necesitamos, ante todo, una transición en la oferta productiva y un cambio radical en el modelo de crecimiento.

La crisis económica y las medidas adoptadas por el Gobierno del Partido Popular para hacer frente a la misma han dejado una preocupante secuela en nuestro mercado laboral en términos de un nivel de paro muy elevado, rebajas salariales, precariedad inaceptable en las condiciones laborales y deterioro de la negociación colectiva.

La primera medida que adoptó el PP cuando llegó al poder fue su reforma laboral. Cuatro años después el paisaje es desolador. Hoy tenemos más de 4,7 millones de personas en nuestro país que quieren trabajar y no pueden. De ellas, más de 2 millones llevan más de 2 años en situación de desempleo, 1 millón de las cuales tienen más de 45 años. Estas son las grandes víctimas de esta crisis, las grandes olvidadas. Más de 400.000 jóvenes han tenido que abandonar su país porque aquí no hay ni futuro ni esperanza y más de 1,8 millones de personas menores de 34 años están en el paro: España ostenta el vergonzoso record de ser el país con la tasa de desempleo juvenil más alta de todos los países de la Unión Europea.

La situación no es menos dramática para los que trabajan. La marca España de empleo con el Gobierno del PP es la precariedad: trabajo a tiempo parcial no querido, ultra–temporalidad, salarios de pobreza, degradación de las condiciones de trabajo y muerte de la negociación colectiva. 9 de cada 10 contratos de trabajo que se celebran en nuestro país son temporales, con una duración media de menos de 54 días, y un tercio de los cuales es, además, a tiempo parcial.

Desde que gobierna el PP los salarios (coste salarial por trabajador) han caído más de un 10% y su poder adquisitivo es hoy el mismo que tenían a principios de los años 90. No es extraño, pues, que en nuestro país existan hoy más de 2,5 millones de trabajadores pobres y que más del 13% de los trabajadores vivan en hogares por debajo del umbral de la pobreza.

España es el país de la Unión Europea con mayores diferencias salariales entre los que más y menos ganan y la brecha salarial entre mujeres y hombres es de un 24%, lo que significa que una mujer tiene que trabajar 80 días más que un hombre para ganar lo mismo que él. En nuestro país se realizan cada semana cerca de 10 millones de horas extraordinarias ilegales, la mayoría de las cuales ni siquiera se cobra por parte de los trabajadores, y la explotación laboral se ha vuelto una práctica común en cientos de centros de trabajo.

Finalmente, desde que entró en vigor la reforma laboral del PP, el número de convenios colectivos se ha reducido prácticamente a la mitad, y los trabajadores protegidos por la negociación colectiva, que antes eran casi 11 millones, hoy son poco más de 6 millones.

Todo este empeoramiento de las condiciones laborales y de la destrucción de empleo es fruto de una política gubernamental que apostó por un ajuste económico vía devaluación de las condiciones laborales, la desprotección frente al desempleo y el vaciamiento de las políticas públicas de empleo.

Frente a esta realidad, los socialistas nos reconocemos en el reto fundamental de nuestra sociedad: promover empleos de calidad que garanticen una vida digna, aumentar las oportunidades para los jóvenes, atender urgentemente a los parados de larga duración y reequilibrar las relaciones laborales de una manera acorde con los requerimientos de un Estado Social y Democrático de Derecho.

Dada la magnitud de este reto, nuestra vocación es afrontarlo desde una perspectiva integral. La precarización del empleo y de las relaciones laborales no responde exclusivamente a los aspectos institucionales y legales de nuestro mercado de trabajo, sino que hunde sus raíces en nuestro patrón de crecimiento económico, la baja productividad, el pequeño tamaño empresarial, el carácter estacional de nuestro sistema productivo, la debilidad, en definitiva, de una economía centrada en la competencia vía costes y con poco músculo innovador y tecnológico. Sin embargo, la materia laboral necesita también de profundas transformaciones.

Desde esta perspectiva, nuestras prioridades serán las siguientes:

  1. REFORMAR EL SISTEMA PÚBLICO DE EMPLEO

Tras la reforma laboral, y de forma paralela, se han reducido en un 40% los fondos destinados a políticas activas de empleo. Dicha medida, junto con las reducciones realizadas en las CCAA gobernadas por el PP, han supuesto el desmantelamiento efectivo de los servicios públicos de empleo.

En materia de inversiones, hemos pasado de un gasto medio de 1.300 euros por desempleado/año (2011) a 700 euros/año en 2014. Muy lejos aún de los países europeos más desarrollados que destinan más de 3.000 € por persona desempleada al año.

Estos años no han servido para acometer el proceso de recualificación y formación que necesitaba nuestro país, tanto para los trabajadores ocupados como para los desocupados. Ha sido una legislatura perdida justo en el momento en que más necesaria era la formación como uno de los motores para recuperar empleo de calidad.

En la actualidad tenemos casi 2,6 millones de trabajadores en desempleo con un nivel de estudios tan bajo que necesitarán formarse y reciclarse profesionalmente como única forma de tener esperanza de encontrar un trabajo. De ahí la transcendencia de la formación de los trabajadores, estén ocupados o en situación de desempleo.

Los socialistas nos proponemos abordar este reto mediante una reforma radical de nuestro sistema público de empleo, impulsando y coordinando las políticas activas y pasivas de empleo y transformando de raíz el sistema de formación.

Así, nuestros objetivos se han de canalizar a través de tres ejes de actuación:

Sistema Público de Empleo, un pilar fundamental de la política de empleo

  • Duplicar las inversiones destinadas a las políticas activas de empleo.
  • Elaborar un Plan Estratégico 2016–2025 que incluya, entre otros aspectos, el cambio de modelo de atención a las personas en situación de desempleo, una correcta articulación de las relaciones entre el servicio estatal y los autonómicos, mayor financiación, mejorar la vinculación entre políticas activas y pasivas, sana colaboración con entidades privadas e intensa digitalización.
  • Crear una Agencia Pública de Empleo y Cualificación como instrumento para una gestión mejor y más ágil de los recursos del sistema, con la sustitución automática del actual Servicio Público de Empleo Estatal y mayor coordinación con las políticas de empleo de las CCAA.
  • Con respeto al principio de unidad de caja de la Seguridad Social, permitir que la gestión de la protección por desempleo sea asumida por las CCAA a efectos de mejorar la vinculación entre políticas activas de empleo y protección económica por desempleo y la atención integral que merecen las personas en situación de desempleo.

Recuperación de las políticas activas de empleo

  • La Agencia Pública de Empleo y Cualificación desarrollará una verdadera acción pública de colocación, que propicie el encuentro entre las empresas y los trabajadores. El servicio de intermediación aspirará a ocupar un papel central en la contratación en el mercado de trabajo. Se dotará de recursos humanos especializados en la selección de personal.
  • La acción pública de colocación priorizará la selección de personal de PYMES, siendo un servicio gratuito, eficaz y que garantiza la igualdad de oportunidades en el acceso al empleo.
  • Implantar políticas de activación económica, dirigidas a aquellos colectivos más vulnerables económicamente, especialmente las personas en situación de desempleo mayores de 45 años.
  • Desarrollar el Plan de Garantía Juvenil como instrumento fundamental de activación para los jóvenes desempleados. Promover programas de segunda oportunidad para luchar contra las consecuencias del abandono escolar temprano. Diseñar actuaciones para aquellos jóvenes que carezcan de experiencia a través de programas de primera experiencia profesional.
  • En concreto, los socialistas proponemos un programa intensivo de “formación más acreditación” para que 700.000 jóvenes adquieran la formación básica necesaria para su recualificación profesional. Un programa para la reinserción formativa de los jóvenes que han abandonado el sistema educativo sin la titulación de ESO y que no trabajan. El objetivo es ofrecer la posibilidad a 700.000 jóvenes de acreditase en competencias clave de nivel 2 imprescindibles para optar a la especialización formativa en un plazo de 6 meses. El programa se desarrollará con la suma de estas tres acciones: (i) oferta pública de cursos de competencias clave de nivel 2; (ii) elaboración de un dispositivo de formación a distancia para realizar estos cursos; (iii) realización masiva de pruebas de acreditación de las competencias clave.

Formación integral al servicio del empleo

  • Suprimir todas las bonificaciones a la contratación, salvo las dedicadas a las personas con discapacidad, en riesgo de exclusión social o víctimas de violencia de género, y destinar la inversión que actualmente se dedica a las mismas a formación para el empleo.
  • Diseñar la gobernanza, planificación y estrategia del sistema de formación profesional para el empleo con todos los agentes implicados en ella y gestionar la formación para el empleo a través de los centros públicos integrados, centros privados de calidad e infraestructura propia del sistema educativo.
  • Permitir la capitalización de la prestación por desempleo para que las personas desempleadas puedan desarrollar procesos de formación/reciclaje profesional que deriven en la obtención de un título de grado o postgrado universitario.
  1. ELABORAR UN NUEVO ESTATUTO DE LOS TRABAJADORES COMO CARTA DE DERECHOS E IGUALDAD EN LAS RELACIONES LABORALES

Los socialistas proponemos derogar con carácter inmediato la reforma laboral del Partido Popular, que establece un modelo de empleo precario y de bajos salarios, y un sistema de relaciones laborales sin equilibrio de poder entre trabajadores y empresarios.

Además de las sentencias judiciales que han puesto en entredicho algunas de las opciones normativas de la reforma del PP, son muchas las condiciones que han cambiado desde que se aprobó el primer Estatuto de los Trabajadores. La globalización y una economía que hoy se extiende prácticamente a escala mundial; nuestro ingreso en la Unión Europea; la plena incorporación de las mujeres al mercado de trabajo; el uso intensivo de las nuevas tecnologías; el cambio profundo en las formas de organizar la empresa y la producción; o la apertura de nuestras empresas al comercio exterior. Todos estos cambios en la realidad económica y social demandan también un cambio de la misma intensidad y dirección en nuestro marco de relaciones laborales.

Por ello, con base en el diálogo social, elaboraremos un nuevo Estatuto de los Trabajadores que recupere la centralidad del trabajo y construya un modelo de empleo y de relaciones laborales digno, equilibrado y acorde con los retos del siglo XXI.

En concreto, proponemos:

  • Recuperar el sentido original del Estatuto de los Trabajadores como carta de derechos: garantizar los derechos laborales más clásicos, como el derecho a la formación profesional o la igualdad de oportunidades en el acceso al empleo, e incorporar al Estatuto de los Trabajadores el reconocimiento de derechos tan básicos como la seguridad y salud en el trabajo; la libertad religiosa; el secreto de las comunicaciones, incluso las que tienen que ver con el uso de internet, del correo electrónico o las redes sociales; y el derecho a la propiedad científica e intelectual de los trabajadores.
  • Garantizar la igualdad de mujeres y hombres en el acceso, mantenimiento y promoción en el empleo. A este fin debemos:

                  – Revisar todas las normas relativas a los permisos parentales para evitar que la neutralidad en su formulación impulse que sean mayoritariamente las mujeres los que disfruten de ellos, avanzando hacia el concepto de corresponsabilidad en la asunción de las responsabilidades familiares más que en el de conciliación de la vida laboral y familiar;

                  – Levantar la suspensión que hoy sufre el permiso de paternidad pasando de 2 a 4 semanas y, progresivamente, hacer coincidir su duración con la del permiso de maternidad, además de configurarlo como obligatorio e intransferible;

                  – Desarrollar la prestación no contributiva por maternidad en el ámbito de la Seguridad Social, al objeto de evitar la desprotección que supone que un tercio de los nacimientos de nuestro país no genere prestaciones de maternidad/paternidad. De este modo todas las mujeres demandantes de empleo que tengan un hijo y no tengan derecho a la prestación contributiva de maternidad disfrutarán de una prestación no contributiva por esta contingencia de 6 semanas de duración;

                  – Ratificar el Convenio 189 de la OIT al objeto de consolidar la igualdad de derechos laborales y de Seguridad Social de las mujeres que trabajan en el hogar familiar.

                  – Exigir una cuota mínima de género del 40% en el consejo de administración de grandes empresas y de todas las empresas públicas.

  • Reconocer como fundamental el derecho a la seguridad y salud en el trabajo, para lo cual:

                  – se adoptará una nueva regulación de las enfermedades profesionales a fin de considerar como tales las que se ocasionen o agraven en el centro de trabajo y se tenga en cuenta el criterio epidemiológico para declarar su existencia. Los trastornos musco-esqueléticos, propios de muchas actividades profesionales realizadas por mujeres, tendrán la consideración de enfermedad profesional;

                  – se potenciará la integración de la prevención en la empresa y facilitará la existencia de servicios de prevención propios. Nuestro objetivo será que, en el plazo de una legislatura, todas las empresas de más de 100 trabajadores tengan integrada alguna de las especialidades preventivas.

  • Combatir la precariedad no laboral, poner fin a la figura de los falsos autónomos y terminar con las becas que encubren verdaderos contratos de trabajo con campañas específicas de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social y cambios normativos en una doble dirección:

                  – de una lado, los trabajadores autónomos económicamente dependientes que hoy regula el Estatuto del Trabajo Autónomo pasarán a formar parte del ámbito del Estatuto de los Trabajadores, para que tengan los mismos derechos laborales y de Seguridad Social que ellos y se les aplique la negociación colectiva;

                  – de otro lado, el nuevo Estatuto de los Trabajadores incorporará una definición de la condición de becario, de modo que se exija que la finalidad de su actividad en la empresa sea únicamente formativa y no productiva, requiriéndose en todo caso que la persona becada se encuentre incorporada a un programa formativo curricular.

  • Establecer tres modalidades de contrato de trabajo: un contrato de trabajo indefinido para la cobertura de puestos de trabajo estables; un contrato de trabajo temporal para la cobertura de puestos de trabajo temporales; y un contrato de relevo y para la formación. Además:

                  – se derogará el contrato de fomento de emprendedores;

                  – no podrán cubrirse puestos de trabajo permanente con contratos temporales y ningún contrato temporal podrá durar más de 1 año, aunque la negociación colectiva podrá extenderlo hasta 2 y determinar tasas máximas de temporalidad en los distintos sectores de actividad productiva, incluidas las administraciones públicas;

                  – pagarán más cotizaciones sociales las empresas que abusen de la contratación temporal, porque su abuso supone un sobre coste para todos en el pago de las prestaciones por desempleo.

  • Subir el salario mínimo interprofesional para que alcance, en el término de dos legislaturas, la cuantía que señala la Carta Social Europea como retribución mínima suficiente y que es el 60% del salario medio neto, acompasando su subida a la propia evolución de nuestra economía.
  • Acabar con la brecha salarial entre mujeres y hombres. Para ello lo primero que necesitamos es transparencia. Todas las empresas tendrán un registro donde consten de manera desagregada los salarios y complementos salariales que perciben los trabajadores y las trabajadoras de su plantilla. Así mismo todas las empresas elaborarán obligatoriamente un plan o estrategia de lucha contra la desigualdad salarial.
  • Crear un Observatorio de Productividad y Competitividad que emita recomendaciones oficiales que informen a los agentes sociales del crecimiento salarial necesario para mantenerse en línea con las subidas existentes en los países de la zona euro, en aras de mejorar nuestra competitividad como país e impulsar una mejor relación entre productividad y salarios.
  • Establecer la obligación de que los trabajadores y trabajadoras contratados por las empresas de servicios cobren lo mismo que los que realizan el mismo trabajo que ellos pero contratados por la empresa principal: a igual trabajo debe corresponder igual salario.
  • Impulsar un modelo de empleo de calidad que partirá de la ejemplaridad de la propia administración pública, tanto en la contratación que efectúe como en la que subcontrate. En todas las licitaciones públicas se exigirá el cumplimiento, cuando menos, del convenio colectivo aplicable, porque los derechos sociales no pueden ser objeto de puja.
  • Recuperar la proporcionalidad y la razonabilidad de las causas de los despidos colectivos y configurar los procesos de reestructuración empresarial de forma que el despido de trabajadores sea la última medida que se adopte. Los acuerdos en expedientes de regulación de empleo deben tener mayor seguridad jurídica y evitar el uso del despido disciplinario como mecanismo de regulación de empleo.
  • Garantizar el derecho al tiempo en el trabajo y la jornada como un derecho del trabajador y una forma eficiente de mejorar la producción, así como una garantía para la conciliación. Con ese fin deben limitarse y controlar la legalidad de las horas extraordinarias.
  • Regular de nuevo el trabajo a tiempo parcial de modo que recupere su vocación de elemento flexibilizador y ordenador del tiempo de trabajo, compatible con las responsabilidades familiares y laborales, incluidas las formativas. Para ello el horario de trabajo deberá estar determinado en el contrato y las horas complementarias previstas en convenio colectivo. Potenciar el contrato fijo–discontinuo.
  • Recuperar la fortaleza de la negociación colectiva como instrumento de igualdad. A este fin, serán las organizaciones y secciones sindicales las que ejerzan la negociación colectiva y los descuelgues salariales. Los comités de empresa y delegados de personal ejercerán funciones de información, consulta y participación. Los acuerdos interprofesionales deben tener un papel central en el diseño de la estructura convencional y la ultra–actividad del convenio colectivo.
  • Elaborar una ley de participación institucional que clarifique el papel y la financiación de las organizaciones sindicales y empresariales, y potenciar la mediación y el arbitraje como fórmula natural de solución de conflictos en el ámbito de las relaciones individuales y colectivas de trabajo.
  • Derogar el artículo 315.3 del Código Penal, que sustenta conductas represoras del derecho fundamental a la huelga.
  1. UNA INSPECCIÓN DE TRABAJO CENTRADA EN VELAR POR LA CALIDAD EN EL EMPLEO

Hoy debemos entender que la economía irregular es más que la compatibilización de prestaciones o las faltas de alta a la Seguridad Social; es necesario abordarla de forma integral. La proliferación de horas extraordinarias ilegales, los excesos de jornada y, sobre todo, la utilización masiva y fraudulenta del contrato a tiempo parcial configuran verdaderos escenarios de explotación laboral, que daña tanto a los trabajadores como al propio sistema. Necesitamos una Inspección centrada en velar por empleos de calidad. Para ello, la Inspección de Trabajo debe concentrarse en una prioridad fundamental: hacer que el Estado de Derecho sea una realidad en los centros de trabajo combatiendo la precariedad laboral.

Debemos recuperar una Inspección de Trabajo que centre su actuación en velar por un equilibrio real entre empresario y trabajador. El eje de su actividad debe ser la tutela de los derechos básicos de los trabajadores: salarios, jornada, descansos, contratación y salud laboral. Protegiendo tanto al trabajador como al empresario que cumple la norma y se ve perjudicado por aquellos que consideran los incumplimientos sociales como un ahorro de costes.

Todo ello sin dejar de lado otras tareas fundamentales como es perseguir la economía irregular, incidiendo sobre todo en la pérdida para el trabajador de derechos tan básicos como el alta en el Sistema de la Seguridad Social y la protección que éste garantiza.

El cumplimiento de la función de garantía de la Inspección debe verse acompañada de una nueva regulación de las infracciones y sanciones del orden social.

En concreto, proponemos la puesta en marcha urgente de un Plan de Lucha contra la Explotación Laboral y además:

Modernización y mejora de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social

  • Incrementar el número de Inspectores de Trabajo y Seguridad Social y el de los Subinspectores de Empleo y Seguridad Social de forma progresiva, hasta alcanzar los 3.000 efectivos.
  • Facilitar el intercambio de información con otras administraciones, especialmente la Agencia Tributaria, impulsando el uso compartido de las bases de Hacienda y Seguridad Social.
  • Crear una unidad especial de la Inspección de Trabajo y de Seguridad Social y de la Inspección Médica del INSS para la revisión de la actuación médica de las Mutuas colaboradoras de la Seguridad Social, especialmente en relación con el reconocimiento de enfermedades profesionales y el control del absentismo laboral.
  • Modernizar los medios técnicos de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, impulsando decididamente el uso de las nuevas tecnologías.

Una nueva Ley de Infracciones y Sanciones en el Orden Social, adaptada a combatir la precariedad

  • Garantizar la coherencia y proporcionalidad entre los distintos derechos que debe proteger.
  • Incumplir la norma tendrá la misma consecuencia, una infracción en Seguridad Social tendrá la misma consecuencia que una comparable en relaciones laborales.
  • Revisar el sistema sancionador del orden social con vistas a:

                  – reforzar la cuantía de las sanciones en materia de relaciones laborales para intensificar el reproche social de la vulneración de las condiciones de trabajo y potenciar el efecto disuasorio de las sanciones;

                  – individualizar las sanciones en materia de contratación, jornada, descansos y horas extraordinarias.

  1. PROFUNDIZAR EN EL SISTEMA DE PROTECCIÓN POR DESEMPLEO

La extensión de la pobreza y de la carencia de ingresos que se ha producido durante la crisis tiene en buena medida como origen (a diferencia de situaciones más clásicas de exclusión social) el mercado de trabajo: por falta de empleo o por falta de cobertura por desempleo.

Tenemos un sistema de protección por desempleo que se caracteriza por dos rasgos: (i) está pensado para crisis económicas cortas; y (ii) mientras que la protección contributiva es homologable con las protecciones medidas de los países de la UE, la protección asistencial o no contributiva es más pobre o de menor intensidad que la media de las habidas en los países de la UE, además de tener un diseño que responde a la fragmentación de las situaciones que se protegen.

La combinación de ambas notas en una crisis que ha resultado ser demasiado larga, junto con los recortes que el Gobierno del PP ha practicado en relación con la protección por desempleo (rebaja del porcentaje de la base en la prestación contributiva más, y sobre todo, el retraso de 52 a 55 años en la entrada del subsidio por desempleo para los mayores de esa edad), han producido una situación grave de desprotección y de carencia de rentas de millones de personas. Muchas de las situaciones de carencia de rentas o pobreza a las que nos enfrentamos en el presente provienen, en efecto, de fallos en el sistema de protección por desempleo, lo que significa que el sistema de protección por desempleo no ha servido en esta crisis para evitar que la falta de empleo haya producido un empobrecimiento de la población trabajadora.

De ahí que nuestro objetivo fundamental pase por mejorar y ampliar el sistema de protección por desempleo. Los trabajadores que pierden su empleo deben quedar dentro del sistema de protección por desempleo y vincularse a políticas de activación, la finalidad es la reincorporación al mercado laboral y su cobertura económica mientras ello no suceda. Que las políticas del PP hayan hecho pobres a muchos trabajadores, ocupados o no, no puede suponer que se renuncie a su protección desde la lógica del desempleo y no desde los mecanismos propios de lucha contra la pobreza.

Para las personas demandantes de empleo, la alternativa a no tener empleo debe consistir en un ingreso procedente de la propia protección por desempleo: una prestación contributiva o un subsidio no contributivo porque no se tiene empleo, pero no porque se es pobre o se está en riesgo de exclusión social. La protección por desempleo es, además, la única fórmula que permite la “activación” y aplicar políticas activas de empleo. Por mucho que el elemento de activación esté presente en las rentas básicas o mínimas, el único instrumento que permite la combinación de la protección económica con la aplicación de políticas activas de empleo que mejoren las oportunidades de encontrar trabajo a los desempleados es la propia protección por desempleo.

Por esta razón proponemos:

  • Modificar la regulación del subsidio por desempleo para dar cobertura a todas aquellas personas en situación de desempleo que tengan responsabilidades familiares, las mayores de 45 años, aunque no tengan dichas responsabilidades, mujeres víctimas de violencia de género y personas con discapacidad. Este subsidio por desempleo no podrá parcializarse y tendrá una duración máxima de 24 meses.
  • Impulsar en el ámbito de la Unión Europea un marco europeo de subsidios por desempleo.
  • Recuperar el subsidio por desempleo para mayores de 52 años vinculado exclusivamente al nivel de renta de la persona beneficiaria
  • Mantener ayudas económicas para desempleados que siguen procesos de formación y los concluyen con éxito. La única forma plausible de integrar a las personas en situación de desempleo al nuevo mercado de trabajo es mediante el reciclaje profesional, bien a través de formación profesional del sistema educativo, formación profesional del sistema de empleo o estudios universitarios. Para los desempleados que no estén bajo la cobertura del subsidio para personas con responsabilidades familiares, proponemos un modelo de “formación con éxito”. El diseño de este modelo sería el siguiente: la persona que, estando en situación de desempleo emprenda un proceso formativo para mejorar sus oportunidades de encontrar trabajo (y consiga concluirlo con éxito), tendrá una ayuda económica de 426 euros mensuales durante el tiempo que dure el proceso formativo.
  1. PENSIONES PÚBLICAS ECONÓMICA Y SOCIALMENTE SOSTENIBLES: UNA OFERTA DE SEGURIDAD SOCIAL PARA LOS CIUDADANOS

El sistema público de Seguridad Social y, dentro de él, las pensiones constituyen la pieza más importante de nuestro Estado de Bienestar como plasmación de una acción solidaria y redistributiva garante de la cohesión social. Desde 2012 la política aplicada por el Gobierno del PP amenaza seriamente este conjunto de prestaciones sociales públicas en un triple sentido.

Primero: amenaza para la sostenibilidad financiera. La Seguridad Social sufre un importante desequilibrio entre ingresos y gastos (en torno al 1% en cada uno de los ejercicios) como consecuencia de la intensísima reducción del número de cotizantes entre 2008 y 2013, y la consiguiente caída de los ingresos, así como por otras medidas adoptadas por el Partido Popular, que han acentuado la minoración de los ingresos disponibles por la Seguridad Social (“tarifas planas”, exclusión de una parte del salario de la cotización, y otras medidas de fomento del empleo con cargo a cotizaciones; congelación del SMI; cambios laborales que favorecen la devaluación salarial, entre otros).

Tal circunstancia ha llevado al Gobierno a recurrir al Fondo de Reserva, cuyo volumen se ha reducido en más de un 50% (actualmente asciende a 32.481 millones de euros). Previsiblemente, este desequilibrio se mantendrá hasta el principio de la próxima década, lo que podría suponer el agotamiento del Fondo.

Cosa distinta son los retos a los que ha de hacer frente el sistema de Seguridad Social en el medio y largo plazo. Más allá de la evolución de la productividad, se han de producir tensiones financieras derivadas de la intensificación del gasto de la Seguridad Social por el progresivo incremento del número de pensionistas vinculado a la jubilación de la generación del baby boom y al alargamiento de la esperanza de vida.

Segundo: insuficiencia protectora (inadecuación) en la articulación jurídica. En la etapa de gobierno del PP se han introducido algunas modificaciones de gran intensidad que, de llegar a consolidarse, producirán una desfiguración del sistema público de pensiones. Además del endurecimiento de la jubilación anticipada, los dos principales cambios son los contenidos en la Ley 23/2013: el nuevo mecanismo de revalorización de las pensiones, que se desvincula de la garantía del poder adquisitivo y condena a los pensionistas a un progresivo empobrecimiento, y la introducción de un factor de sostenibilidad, a partir de 2019, del que resultarán pensiones menguantes en función de la evolución –previsiblemente al alza– de la esperanza de vida.

El propio Gobierno del PP estima que el impacto de esta medida es el equivalente a 3,5 puntos porcentuales de PIB en 2050. Es decir que, en lugar de gastar en esa fecha un 14/15% de PIB –una cuantía importante, pero inferior a la que hoy gastan Francia, Italia o Austria–, gastaremos un 12,3% muy similar al nivel de gasto actual. Con una importantísima diferencia: entonces la población jubilada se habrá prácticamente doblado, lo que implica una rebaja sustancial de las pensiones públicas.

Al mismo tiempo, persisten importantes deficiencias –insuficiencias protectoras–, entre las que destacan la que afecta a las pensiones de las mujeres, cuya cuantía es un 38% inferior a las de los hombres, y la que deriva del enterramiento de la política de dignificación de las pensiones más bajas que se llevó a cabo entre 2004 y 2009.

Tercero: el desprecio por el diálogo. Resulta particularmente grave que la actuación del Gobierno del PP en esta materia haya estado marcada por la unilateralidad: los cambios estructurales introducidos por la Ley 23/2013 se imponen a pesar del rechazo frontal de todos los grupos políticos de la oposición. Pero, además, se produce en este caso la quiebra de un doble cauce de diálogo que ha ofrecido importantes resultados hasta la presente legislatura. De una parte, el Pacto de Toledo, foro parlamentario que ha servido de cauce para abordar las reformas necesarias en materia de pensiones desde 1995 hasta la segunda renovación del pacto en 2011, y que representa la expresión de un consenso básico en la defensa del sistema público de pensiones. De otra, el acuerdo social, que incrementa la legitimidad de las medidas que se han acordado para reforzar la sostenibilidad del sistema de pensiones.

Por lo anterior, los socialistas proponemos, desde una perspectiva general, el gran objetivo de la defensa de la Seguridad Social y, en particular, de un sistema público de pensiones basado en un régimen de reparto y articulado en torno a los principios de solidaridad, contributividad y gestión pública. La consecución de ese objetivo se encauza a través de un triple compromiso.

El primero es un compromiso político, que implica, de un lado, promover todas las acciones necesarias para que en 2020 el gasto social alcance en España el nivel medio correspondiente a los países de la Eurozona. Y, de otro, recuperar, en el ámbito específico de Seguridad Social, la centralidad del Pacto de Toledo como expresión de un consenso básico en la defensa del mantenimiento y mejora del sistema público de pensiones.

El segundo es un compromiso social, entendido como la apuesta por el diálogo y participación real de los interlocutores sociales en la «gobernanza» de un sistema público de pensiones, expresión de la institucionalización de un gran acuerdo entre generaciones, entre trabajadores activos y jubilados, para garantizar su mutuo bienestar.

El tercero es un compromiso jurídico–constitucional, que pasa por trasladar al ámbito jurídico los consensos sociales alcanzados en materia de pensiones. Ello implica reforzar el marco constitucional del derecho a las pensiones públicas y recuperar en lo sustancial el marco legal vigente hasta la llegada del PP al gobierno.

De forma más específica, los socialistas perseguimos como objetivo garantizar la sostenibilidad financiera y social del sistema público de Seguridad Social. Por lo que se refiere a la sostenibilidad financiera, se plantea como objetivo a corto plazo corregir el actual (coyuntural) desequilibrio en las cuentas de la Seguridad Social sin merma de derechos para los ciudadanos. Mientras que, en el medio y largo plazo, se ha de hacer frente a la intensificación del gasto en pensiones provocado por el progresivo incremento del número de pensionistas que resulta de la jubilación de la generación del baby boom y del alargamiento de la esperanza de vida: aproximadamente 3,5 puntos porcentuales de PIB en 2050.

La consecución de estos dos objetivos pasa por una reformulación y una ampliación de las fuentes de financiación de la Seguridad Social para incrementar los recursos del sistema. Ello implica:

  • Identificar la recuperación del número de afiliados como directriz prioritaria de la política económica. El buen funcionamiento del mercado laboral contribuye de forma decisiva a la sostenibilidad financiera del sistema de pensiones en un doble sentido. Uno, porque los ingresos por cotizaciones aumentan cuantos más trabajadores haya en activo y cuanto mejores —más estables— sean sus condiciones de trabajo, en particular las salariales. Y, otro, porque ese mercado laboral dinámico e inclusivo favorece cierta contención del gasto en pensiones en la medida en que se evita el paso prematuro a la jubilación y resultan más efectivas las políticas que incentivan la prolongación de la vida profesional, todo lo cual repercute en un acortamiento del tiempo durante el que se percibe la pensión.
  • Introducir ajustes en la regulación de las cotizaciones sociales y otras medidas que permitan mejorar la recaudación por esa vía. Su articulación se produce en torno a tres ejes: (i) adecuación de las bases de cotización a la renta real de los trabajadores autónomos; (ii) recuperación de la lucha contra el fraude como política prioritaria, incentivando la colaboración administrativa y potenciando medidas preventivas sobre las correctoras, y administrativas sobre penales; y (iii) como forma indirecta de mejorar los recursos provenientes de cotizaciones sociales, la atribución al Estado de la financiación de los gastos que escapan de la lógica contributiva.
  • Incrementar progresivamente la aportación del Estado vía impuestos para hacer frente el previsible incremento del gasto ligado al envejecimiento sin alterar la configuración del sistema. De esta forma se equilibran las fuentes de financiación en la línea de la mayoría de los países de nuestro entorno.

La identificación como objetivo específico de la sostenibilidad social pretende llamar la atención sobre la necesidad de garantizar la adecuación de la acción protectora de las pensiones y del resto de prestaciones de la Seguridad Social para hacer posible la realización del mandato constitucional de suficiencia económica –en la tercera edad– y de promoción de la igualdad. Cinco son, en este caso, los ámbitos de actuación:

  • Las pensiones de las mujeres. Las pensiones de las mujeres son un 38% inferiores a las de los hombres. En buena medida esta diferencia se explica por la discriminación que sufren las trabajadoras en el mercado laboral, lo que exige actuaciones concretas en ese ámbito. Pero el propio diseño del sistema de pensiones penaliza a las mujeres al vincular la cuantía de la pensión a la trayectoria profesional, ignorando otro tipo de circunstancias y hechos de gran trascendencia social.
  • Las pensiones más bajas. La lucha contra la pobreza y el reforzamiento de la equidad exige: la garantía del poder adquisitivo de todas las pensiones; la recuperación de la ambiciosa política de mejora de las pensiones mínimas del nivel contributivo aplicada entre 2004 y 2009; y la elevación del umbral de rentas establecido para el acceso a las prestaciones no contributivas y, en consecuencia, su cuantía.
  • La mejora de las prestaciones familiares. La dignificación de la política familiar debe constituir una prioridad política no sólo por nuestro irrisorio nivel de gasto en términos comparados, sino sobre todo por las cifras insoportables de pobreza infantil.
  • Precariedad en el mercado de trabajo. El paro de larga duración, la irregularidad de las carreras profesionales o la devaluación de los salarios son circunstancias, agudizadas en el actual contexto, que lastran las cotizaciones y que –en función del enquistamiento de la situación– pueden perjudicar los futuros derechos generados en el sistema de pensiones. Es urgente su corrección.
  • Penosidad. El reforzamiento de la contributividad y su efecto (in)directo en la edad efectiva de jubilación no incide de la misma forma en todos los trabajadores, sino que varía en función del tipo de actividad profesional. Por razones de equidad hay que modular la aplicación de los mecanismos que compensan la más reducida esperanza de vida cuando ésta deriva de una determinada trayectoria profesional.

Como objetivo complementario, hay que concienciar a los ciudadanos de las implicaciones sociales, económicas y políticas del cambio demográfico que va a suponer el envejecimiento de la población. Debe abordarse este asunto seriamente para así condicionar el marco del debate, en términos de progreso y de cohesión social. Específicamente esas actuaciones deben perseguir dos finalidades:

  • La progresiva ampliación de la población activa mediante la plena incorporación de las mujeres en el mercado de trabajo; un cambio de la política migratoria; la plena integración de colectivos excluidos o marginados en el mercado laboral (especial atención a jóvenes y trabajadores mayores); el incentivo de la prolongación voluntaria de la vida laboral; y actuaciones ambiciosas en favor de la corresponsabilidad de hombres y mujeres en los cuidados familiares.
  • El incremento de la natalidad, para corregir la anomalía que supone que España sea uno de los países del mundo con la tasa de fertilidad más baja como consecuencia, entre otros factores, de la precariedad y de la discriminación laboral de las mujeres.

En coherencia con nuestros objetivos están nuestras propuestas:

Marco general del modelo de pensiones públicas

  • Reforzar la garantía constitucional del derecho a prestaciones públicas de Seguridad Social.
  • Derogar todos los cambios legales introducidos a lo largo de la Legislatura del PP: la regulación de la jubilación anticipada del RDL 5/2013 y, de forma íntegra, la Ley 23/2013, así como la nueva regulación de las Mutuas (Ley 35/2014).
  • Recuperar la centralidad del Pacto de Toledo y del diálogo con los interlocutores sociales.

Sostenibilidad financiera

  • Mejorar los ingresos provenientes de cotizaciones sociales a través de la elevación gradual de la base máxima de cotización y de la mejora progresiva de las bases mínimas (vinculada al incremento del SMI), entre otras medidas. Por otra parte, los trabajadores autónomos deben cotizar en función de sus rentas o ingresos.
  • Incrementar progresivamente la financiación del Estado a través de la creación de una nueva figura impositiva –contribución social para el fortalecimiento del sistema público de pensiones– con las siguientes características: (i) gravamen directo sobre la renta y la riqueza de todas las personas; (ii) impuesto finalista y vinculado a la financiación de las pensiones, por lo que se integraría directamente en el Presupuesto de la Seguridad Social.
  • Reforzar el Fondo de Reserva a través de una mejora de su regulación.

Adecuación y suficiencia de las prestaciones

  • Garantizar el poder adquisitivo de las pensiones.
  • Reconocer a todas las mujeres un ‘bonus’ de dos años de cotización por cada hijo (nacido o adoptado) a efectos del cálculo de las pensiones.
  • Incrementar las pensiones mínimas para garantizar los parámetros fijados por el Convenio 102 de la OIT.
  • Incrementar sustancialmente la pensión de orfandad a través de una mejora de las prestaciones familiares, en especial en los casos de familias con menores rentas.
  • Elevar hasta el IPREM anual el umbral de rentas establecido para el acceso a las prestaciones no contributivas y, en consecuencia, su cuantía.
  • Recuperar la cotización por jubilación en los supuestos de percepción del subsidio asistencial por desempleo hasta el 125% del salario mínimo.
  • Mejorar la cotización de los trabajadores más jóvenes a través de la posibilidad de ‘adquirir’ periodos de cotización mediante la suscripción de un Convenio Especial, e incrementar las bases mensuales de cotización de los contratos de aprendizaje y de formación.

[1] En la elaboración de las propuestas socialistas en materia de empleo, relaciones laborales, protección por desempleo y Seguridad Social han colaborado Javier Aibar Bernad, Jesús Cruz Villalón, Alberto del Pozo Sen, Francisco González de Lena, Concha Gutiérrez del Castillo, José Moisés Martín Carretero, Iago Negueruela Vázquez, Encarna Orozco Corpas, José Antonio Panizo Robles y Borja Suárez Corujo. A todos ellos quiero darles las gracias por el compromiso y el trabajo intenso y desinteresado que desarrollaron junto conmigo a lo largo de casi un año en la elaboración del Programa Electoral del PSOE.