La protección jurisdiccional de los Derechos Humanos y libertades fundamentales de los trabajadores ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos

Jaime Cabeza Pereiro[1]

1. El Tribunal de Estrasburgo: aspectos cualitativos. 2. El espacio para una jurisprudencia social en el Tribunal de Estrasburgo. 3. La doctrina en relación con el derecho de asociación, con matices no suficientemente destacados. 4. Algunos comentarios en torno a la vida privada y al trabajo forzoso. 5. En torno a la libertad de expresión. 6. Reflexiones finales acerca del papel del TEDH en el ámbito socio-laboral.

  1. EL TRIBUNAL DE ESTRASBURGO: ASPECTOS CUALITATIVOS

El Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) tiene unas características propias que le dan identidad diferenciada de la de otros organismos con labor jurisdiccional. A lo largo de estas páginas habrá que hacer referencia a varias de ellas, pero debe partirse de una idea básica: se concibe la defensa de los derechos humanos desde una perspectiva que cabría calificar como tradicional, centrada en las relaciones entre el individuo y el Estado. Éste tiene el deber de evitar las injerencias que pueda haber en el pacífico disfrute de los mismos y crear las condiciones efectivas para que no haya violaciones por parte de sujetos o entidades públicas o privadas. Por consiguiente, no le corresponde al Tribunal el conocimiento de las relaciones y contenciosos entre personas privadas, como son las propias, en términos generales, del contrato de trabajo. Ahora bien, debe reconocerse que la jurisprudencia del TEDH en los últimos años ha sido lo suficientemente incisiva como para poner en entredicho, siquiera parcialmente, tales afirmaciones[2], y ha dictado una doctrina muy interesante que trasciende las relaciones entre los Estados y los sujetos privados.

Pudiera pensarse que el interés que tiene la jurisprudencia del TEDH en materia laboral y social no es grande, por la dualidad entre los derechos civiles y políticos por un lado y los económicos, sociales y culturales por el otro. Al margen de que más tarde se profundice en esta dicotomía, baste por ahora con afirmar que constituye una pauta común en diversas normas internacionales que ciertos derechos socio–económicos se integren en documentos de derechos civiles y políticos[3]. Esto es lo que sucede con el Convenio para la protección de los derechos humanos y las libertades fundamentales (CEDU), en el que se incluyen dos preceptos con una fuerte raigambre laboral. De un lado, la prohibición del trabajo forzoso –art. 4– y del otro, la libertad de asociación –art. 11–. A ambos se hará referencia amplia en las páginas que siguen.

La eficacia de la jurisprudencia del TEDH ha resultado muy notable, en términos de que ha propiciado muy interesantes cambios en las políticas estatales. No en vano ha sido calificado como el Tribunal más efectivo del mundo en la defensa de los derechos humanos[4]. Podría decirse sin exceso que ha trascendido su papel tradicional de intérprete del Convenio para convertirse en un importante agente político en el concierto europeo.

En la actualidad, y a la espera del ingreso de la República de Bielorrusia y de la República de Kazajistán en el Consejo de Europa, y desde la incorporación de la República de Montenegro el 11 mayo 2007, cuenta con 47 Estados miembros –de entre ellos, la Federación Rusa– con una población que supera los 800 millones de personas, incluyéndose los 28 Estados miembros de la Unión Europea–. Es decir, un ámbito vastísimo, a partir de los cinco Estados que únicamente lo conformaron en su fundación el 10 mayo 1949, y que alcanza países tan periféricos como, vg., la República de Azerbaiyán. Por aquel entonces, las atrocidades que habían cometido los fascismos alemán, italiano y español antes y durante la Segunda Guerra Mundial, así como las alarmas sobre otras violaciones de los más elementales derechos humanos en la Unión Soviética y en sus Estados satélite del Este de Europa, constituyeron el escenario frente al cual se constituyó esta organización internacional[5].

Como consecuencia de esta vocación originaria, pero también a la vista de la jurisprudencia que ha generado en los últimos años, el TEDH ha sido definido como un Tribunal de revisión constitucional[6], de ámbito regional, e instrumento de salvaguarda del orden público europeo. Sin perjuicio de que, obviamente, el CEDU hunda sus raíces en la inmediatamente anterior Declaración Universal de Derechos Humanos[7]. En cuanto a cuestiones de procedimiento, el sistema de reclamaciones individuales ha constituido la auténtica joya de la corona de su funcionamiento y base fundamental de su éxito[8]. El acceso directo de sujetos privados al Tribunal, al margen de los problemas de sobrecarga de trabajo a los que se hará referencia, ha permitido que se conformara una vasta doctrina en constante evolución, por más que se exija con carácter previo el agotamiento de las instancias internas. En este sentido, el Tribunal hace suyo el principio de subsidiariedad, como organismo del Consejo de Europa. En realidad, el propio Convenio de Roma sugiere el papel primordial de los Estados Miembros en la defensa de los derechos humanos y libertades fundamentales, aunque no enuncia expresamente dicho principio. Ha sido, pues, el propio Tribunal el que lo ha desarrollado en su jurisprudencia[9].

Los últimos veinte años han asistido a una auténtica reformulación del Tribunal en su estructura organizativa y en sus procedimientos. Ha tenido una gran importancia el Protocolo XI, de 11 mayo 1994[10], en vigor desde el año 1998, que reconfigura el TEDH como un órgano permanente con jurisdicción vinculante sobre todos los Estados Miembros. Pero, sobre todo, el Protocolo XIV, adoptado 10 años más tarde, el 13 mayo de 2004[11], para hacer frente a los grandes retos y amenazas que se cernían sobre el Tribunal, en particular por la excesiva acumulación de asuntos que se planteaban ante él. Lo cual producía –y, de hecho, sigue produciendo– la poco aceptable paradoja de que los procedimientos pendientes consumen más tiempo que el que su propia doctrina concede a los Estados miembros, a la luz del art. 6.1 del Convenio de Roma[12], sobre el derecho a un proceso equitativo dentro de un plazo razonable. Con el agravante de que el recurso al TEDH solo cabe después de agotadas las instancias judiciales internas, como ya ha quedado reflejado. Para paliar esta circunstancia, se introducen cambios que afectan a la esencia de la institución, dirigidos sobre todo a maximizar la economía de los procedimientos, y que pueden resumirse como sigue:

  1. Se abre la posibilidad de que los jueces puedan declarar inadmisibles los asuntos cuando el reclamante no haya sufrido un daño significativo, y a salvo de que el respeto por los derechos humanos, tal y como están definidos en el Convenio y en los Protocolos, exija un conocimiento específico de la cuestión, y siempre que la controversia haya sido debidamente considerada por los tribunales internos. Es decir, se abre un pequeño portillo a la inadmisibilidad de determinados asuntos[13]. Anejo a este procedimiento, se abre otro a través del cual los jueces individuales pueden decidir la inadmisibilidad de casos manifiestamente inadmisibles. Asimismo, un comité de tres jueces –y no Salas de siete miembros– asume competencia para resolver sobre reclamaciones sobre las que ya haya una consolidada jurisprudencia del Tribunal[14].
  2. Se introducen reglas para obtener acuerdos amistosos y se incorporan medidas para mejorar la ejecución de las resoluciones del Tribunal[15]. Se trata, sobre todo, de apoderar al Comité de Ministros para que, por una mayoría de dos tercios, inicie procedimientos ejecutivos cuando un Estado rechace ejecutar una sentencia. En este caso, el Tribunal podrá precisar el alcance de las medidas exigibles a ese Estado.
  3. Paralelamente –aunque no incorporado al texto del Protocolo– se pone en marcha un procedimiento de “sentencias piloto”. Se trata de la emisión de una sentencia en un caso que puede afectar a un gran número de personas interesadas, y en cuyo fallo se incluye un mandato al Estado concernido de poner en marcha medidas legales y prácticas administrativas para garantizar el cumplimiento del derecho humano violado. Entretanto, todo el cúmulo de casos pendientes ante el TEDH queda “congelado” a la espera del cumplimiento del fallo[16].

Es obvio que el Protocolo XIV, por su propia esencia y objetivos, no es más que un instrumento transitorio, destinado a ser modificado en el medio plazo. En el fondo, manifiesta la dialéctica existente sobre la propia esencia del Tribunal: si debe configurarse más como una institución judicial que centre sus esfuerzos en los asuntos más importantes, de mayor enjundia constitucional, o debe conservar su esencia de Corte que da respuesta a las reclamaciones individuales de los ciudadanos de los Estados Miembros. No es una disyuntiva fácil, sobre la que posiblemente resulte difícil decantarse por blancos o negros, pero se hace necesario encontrar un punto de equilibrio. Podrá decirse que las cinco Salas, en sus sentencias, están menos dirigidas a configurar una doctrina definitiva sobre asuntos de trascendencia, y más a dar salida a las reclamaciones individuales. Por el contrario, la Gran Sala se centraría precisamente en el desarrollo de los grandes principios, con un mayor grado de abstracción y una selección de los asuntos de los que debe conocer a través del filtro del art. 43 del Convenio[17].

  1. EL ESPACIO PARA UNA JURISPRUDENCIA SOCIAL EN EL TRIBUNAL DE ESTRASBURGO

En la clásica dicotomía entre, por un lado, derechos civiles y políticos y, por otro, derechos económicos, sociales y culturales, se entendía que los primeros tenían un sesgo o naturaleza negativa, en tanto que los segundos ostentaban una esencia positiva. Es decir, que los primeros se satisfacían fundamentalmente a través de prohibiciones de injerencias y mediante deberes de abstención por parte del Estado, en tanto que los segundos imponían una actividad del Estado, normalmente de carácter prestacional. Pero la realidad es distinta, pues unos y otros pueden proyectarse en ambas direcciones, como se ha puesto de manifiesto en las últimas décadas[18]. No es solo que, como ha quedado reflejado, algunos derechos de esencia laboral se reconocen en convenios de derechos civiles y políticos, sino que también la tutela de los derechos de carácter eminentemente civil o político requiere en no pocas ocasiones de actuaciones concretas y medidas que deban adoptar los Estados implicados. Por otra parte, los derechos civiles y políticos tienen connotaciones sociales, como sucede cuando se desarrollan o se cuestionan en el marco de las relaciones laborales.

Ahora bien, la postura tradicional del TEDH puede calificarse, en términos generales, como de escasa disposición a proteger los componentes sociales del CEDU. Se diría que se produce una especie de efecto limitador derivado de la existencia de un convenio específicamente laboral, la Carta Social Europea de 1961, y de su órgano de supervisión, el Comité Europeo de Derechos Sociales. En efecto, en ella se contienen la mayoría de los derechos que les corresponden a los trabajadores en su condición de tales[19]. Por consiguiente, se establecería una especie de ecuación conforme a la cual el conocimiento de los derechos civiles y políticos se remitiría al TEDH y el de los derechos sociales, al Comité Europeo de Derechos Sociales[20]. La naturaleza social del derecho dictaría esta aproximación excluyente de corte clásico. Habían sido negadas, por consiguiente, las fuentes para configurar derechos sociales que pudieran invocarse ante el Tribunal de Estrasburgo. Se produciría, en resumen, un “efecto techo” derivado de la colisión de ambas normas emanadas desde el Consejo de Europa.

Incluso esta postura podría encontrarse respaldada por otra concomitante del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que postularía la imposibilidad de que los derechos sociales o los derechos laborales pudieran afectar las libertades fundamentales –como se deduce a partir de la conocida saga de sentencias que comienza con el asunto Viking[21] , a la vez que aceptaría esa misma afectación cuando se tratase de derechos civiles o políticos –con base en el asunto Schmidberger[22]. Ahora bien, esta paradoja y su conexión con la doctrina del TEDH, sostenidas por algún autor[23], resulta engañosa, al menos por dos motivos. El primero, de carácter sustantivo, porque el contenido de los derechos en juego en ambos pronunciamientos –huelga o conflicto colectivo en Viking frente a derecho de reunión o manifestación en Schmidberger– no estaba tan alejado, por más que en éste no se planteara una cuestión de índole laboral. El segundo, relativo a cuestiones temporales, porque se trataría de dos doctrinas desacompasadas, pues la asumiría el Tribunal de Luxemburgo cuando el de Estrasburgo adoptaba una posición más decidida a inmiscuirse en materia social y laboral.

En realidad, los equívocos conceptuales en torno a la identidad de los derechos sociales, en su parcial asimilación con los laborales, deberían de clarificarse. Si por ellos se entiende los que tienen que ver con una garantía de ingresos mínimos, con el derecho a una vivienda digna, a una asistencia sanitaria adecuada y a la educación, habrá que admitir que los derechos estrictamente laborales tan solo circundan este núcleo duro. Es decir, su catalogación como derechos sociales no es tan inequívoca como podría pensarse intuitivamente. Por otra parte, y como ya se ha dicho, muchos derechos políticos tienen fuertes connotaciones sociales. La libertad de expresión, como ejemplo más claro, pero también el derecho a la intimidad y a la vida familiar, el derecho a un proceso equitativo, el de libre asociación o, en general la práctica totalidad de los que incorpora el CEDU. Es decir, el ámbito de las relaciones laborales es un escenario de yuxtaposición y de encuentro entre lo político y lo social. Sin duda, esta es la esencia de que la labor del Tribunal Europeo de Derechos Humanos deba importar al jurista del Trabajo al mismo nivel que la doctrina del Comité Europeo de Derechos Sociales. Con la ventaja adicional de la mayor y mejor esencia judicial de aquél.

Dicho lo cual, hacer balance de la doctrina del TEDH que afecta a las relaciones laborales no resulta un ejercicio sencillo. Con todo, hay una cierta evolución, derivada de que algunos componentes sociales son fundamentales para el convenio. Ello ha derivado en lo que ha venido a denominarse como una “aproximación integrada” –integrated approach– del Tribunal, que consiste en esencia en un reconocimiento de que ciertos derechos socio–económicos están ínsitos en un documento esencialmente civil y político como es el Convenio de Roma[24].

  1. LA DOCTRINA EN RELACIÓN CON EL DERECHO DE ASOCIACIÓN, CON MATICES NO SUFICIENTEMENTE DESTACADOS

Hay un halo de rechazo hacia la interpretación que he hecho tradicionalmente el TEDH del art. 11 CEDU a causa de una especie de “Santa Cruzada” contra el closed shop, sin duda alguna favorecida por la interpretación que hizo del derecho de asociación negativo en el famoso asunto Young, James & Webster c. Reino Unido[25]. Es indudable que no fue una buena sentencia en términos de promoción del hecho sindical y que sirvió de mascarón de proa para que el Gobierno tory legislara de una forma extremadamente beligerante contras las cláusulas de seguridad sindical[26]. Pero el tema merece una mayor reflexión, a la luz de cómo ha evolucionado la doctrina del TEDH. Se ha dicho, creo que solo con parcial razón, que hay una especie de divorcio entre la jurisprudencia de éste y la postura de los órganos de aplicación de los Convenios 87 y 98 de OIT, que consiste básicamente en dejar libertad a los Estados Miembros a este respecto[27]. En efecto, la aproximación del Comité de Libertad Sindical de OIT ha sido muy neutra, pues ha declarado que una admisibilidad o una prohibición de las cláusulas de seguridad sindical no son en sí mismas contradictorias con dichos Convenios[28].

El caso Young, James & Webster es de sobra conocido[29]. En síntesis, el Tribunal declaró que le compete al Estado garantizar la protección del derecho de asociación en el contexto de una relación laboral. Por consiguiente, si las personales convicciones de un trabajador se oponen a la pertenencia a cualquier sindicato, o a una concreta organización, constituye una vulneración del art. 11 del CEDU el mantenimiento de una cláusula de seguridad sindical en relación con el empleo de dicho trabajador en una empresa que lo exponga al despido y a la pérdida de su medio esencial de vida si abandona la afiliación a ese sindicato.

En tal sentido, el elemento ideológico es de una enorme trascendencia porque, ausente éste, puede no haber vulneración de dicho art. 11, como puede no haberla si las consecuencias de contravenir la cláusula concernida no son tan drásticas. Algo de esto se aprecia en la subsiguiente doctrina del TEDH. Por ejemplo, es de un gran interés la sentencia Sibson c. Reino Unido, en la que el Tribunal no apreció violación del precepto porque la negativa de Mr. Sibson a reincorporarse al sindicato de transportes británico –la TGWU– no se debía a sus convicciones, sino a que, en su opinión, había sido insultado, lo cual había provocado su deseo de cambiar de sindicato de afiliación. Además, la cláusula sindical afectada no implicaba que perdería su empleo, sino simplemente que debía trasladarse a otro centro de trabajo próximo en unas condiciones no menos favorables. Este distinto contexto producía que no pudiese entenderse infringido el derecho de libre asociación[30]. Lo cual arroja una doble enseñanza: de un lado, el componente importante que tiene el motivo para la desafección sindical, pues no cualquier decisión de afiliación negativa va a estar protegida por el derecho del art. 11 del Convenio de Roma. De otro, la entidad de la medida lesiva tiene importancia, pues no cualquier pacto de seguridad sindical contradice dicho precepto, sino tan solo el que arrostre una consecuencia especialmente restrictiva de derechos para el trabajador afectado.

El siguiente caso en orden cronológico también es ilustrativo, aunque solo sea para confirmar hipótesis del anterior. Se trata del asunto Sigurdur c. Islandia[31], éste no referido a un sindicato, sino a una asociación profesional de taxistas a la cual el demandante no había pagado las cuotas obligatorias con el resultado de pérdida de la licencia. Como quiera que la oposición del señor Sigurdur a dicho pago se había basado en motivos ideológicos, centrados en su oposición a que se restringiese el número de licencias, y que las consecuencias de su postura eran muy graves para él, el TEDH consideró que se había producido una violación del art. 11 en relación con los arts. 9 y 10 del CEDU.

Seguidamente, se produce un caso que tiene algo de precursor de evoluciones posteriores, por lo tanto de enorme interés, aunque curiosamente referido a una asociación de empresarios. Es el asunto Gustafsson c. Suecia[32], referido al titular de un negocio de hostelería que no estaba afiliado a la asociación de empresarios correspondiente, de manera tal que no se le aplicaba el convenio colectivo negociado con el sindicato del sector. Asimismo, se había negado a concluir un convenio propio de empresa, bajo el alegato de que se oponía a que las condiciones en su establecimiento se regulasen a través de negociación colectiva, pues sus trabajadores ostentaban mejores salarios y ellos mismos no deseaban la existencia de un convenio sustitutivo del de sector. Todo lo cual derivó en ciertas medidas de conflicto colectivo dirigidas contra él, que, en su opinión, vulneraban el art. 11 del Convenio de 1950. Ante tal resultancia, el TEDH entiende que las referidas medidas en efecto eran suficientemente contundentes como para obligar al empresario a asociarse a la organización empresarial o a concluir un convenio de empresa, de manera tal que afectaban al derecho de asociación. Pero, como quiera que le cabía no asociarse a la organización empresarial y negociar un convenio de empresa, no podía entenderse infringido el derecho de asociación. Lo más interesante del caso consiste en una afirmación en apariencia trivial, pero que, con doctrina posterior, muestra todo su relieve: que el art. 11, en su vertiente negativa, no incluye el derecho a no vincularse por un convenio colectivo. Adicionalmente, para llegar a tal conclusión, se ampara en la doctrina de los órganos de OIT sobre la importancia crucial de la negociación colectiva, en unos términos que anticipan una mayor proximidad con ella y una homogenización de criterios entre el órgano de Naciones Unidas y el del Consejo de Europa.

El asunto inmediatamente posterior en términos cronológicos marca un punto de inflexión clave en la jurisprudencia del TEDH en cuanto al art. 11 del Convenio. Hasta entonces, se sostenía que de dicho precepto no se derivaban necesariamente los medios de acción sindical fundamentales, en particular la negociación colectiva o la huelga. Pero el asunto Wilson and Palmer c. Reino Unido[33] inicia una senda distinta. Se trataba de una queja de dos sindicatos y una pluralidad de trabajadores que alegaban violación de su derecho de libre asociación por parte de una empresa privada. Como ejemplo de los demás trabajadores, el primer litigante, el Sr. Wilson, un periodista del Daily Mail, había recibido un escrito de la empresa comunicándole que no renovaría el convenio colectivo con la sección local del sindicato de periodistas y ofreciéndole firmar un contrato individual con mejoras salariales. Como quiera que se negó a firmar ese pacto, sus salarios progresaron en cuantías inferiores de las que disfrutaron las personas que sí firmaron.

Ante esta situación, el Tribunal recuerda que los derechos reconocidos en el Convenio de Roma imponen a los Estados ciertas obligaciones positivas. Aunque mantiene una postura poco promocional de la negociación colectiva –“aunque la negociación colectiva puede ser uno de los caminos a través de los cuales los sindicatos puedan proteger los intereses de sus afiliados, no es indispensable para el disfrute de la libertad sindical”– expresa una fuerte invectiva contra la regulación sindical británica: “…el corolario de todo ello es que el derecho británico permite a los empresarios tratar menos favorablemente a los trabajadores que no están dispuestos a renunciar a una libertad que es un rasgo esencial de la pertenencia a un sindicato. Tal conducta constituye un desincentivo o restricción en el uso por los trabajadores de la afiliación sindical para proteger sus intereses”. Por consiguiente, concluye que el Reino Unido no ha adoptado las medidas adecuadas para proteger el disfrute del derecho del art. 11, pues el uso de incentivos económicos para que los trabajadores renuncien a derechos sindicales no es compatible con el CEDU.

Por lo tanto, el art. 11 se llena algo de contenido, pues protege algo más que la nuda afiliación a una organización sindical: ampara la utilización de la organización sindical, en este caso para que los trabajadores puedan ser representados ante el empresario[34].

Casi como contraste, el siguiente asunto que ha de comentarse vuelve al espinoso tema de las cláusulas de seguridad sindical, en concreto al closed–shop. Es el asunto Sørensen y Rasmussen c. Dinamarca[35]. En él el Tribunal se reafirma en su postura de que la obligación de afiliarse a un sindicato no es una herramienta indispensable para el efectivo disfrute de la libertad sindical. Ahora bien, pone de manifiesto una decreciente hostilidad hacia el closed–shop cuando reconoce que dicha obligación no siempre es contraria al art. 11 del Convenio –aunque, ciertamente, parece deducirse de sus palabras que solo en casos excepcionales será compatible con él–. Podría afirmarse que esta sentencia es un paradigma de una aproximación individual al derecho de asociación sindical[36].

El Reino Unido continuó siendo una fuente de controversias ante el TEDH[37]. Otro asunto muy interesante es ASLEF c Reino Unido[38], un curioso caso relativo a la expulsión de un afiliado por su militancia en un partido político de extrema derecha, expulsión contraria a la legislación británica. El TEDH de nuevo expresa la incompatibilidad de la normativa controvertida con el art. 11 del Tratado, porque en éste se incluye el derecho de los sindicatos a establecer sus propias reglas y administrar sus propios conflictos. Con cita del Convenio OIT nº 87 expresa que no puede deducirse del Convenio de Roma una obligación de las organizaciones sindicales de admitir a cualquier persona que quiera afiliarse. Y enfatiza que los sindicatos no son entidades dedicadas a objetivos políticamente neutrales relativos al bienestar de sus afiliados, sino que pueden defender posturas ideológicas y políticas socialmente comprometidas. De tal modo que no cabe inhibir su libertad de expresión. En el fondo, es el reverso de la moneda en relación con el closed–shop: si no cabe despedir a un trabajador por oponerse a la tendencia de un sindicato, es obvio que el sindicato puede y normalmente estará imbuido de tendencia.

Este asunto ASLEF ha sido preludio de unas sentencias que optan por una versión mucho más colectiva del derecho de sindicación y su amparo por el art. 11 del CEDU. Hasta entonces –y el propio caso Wilson and Palmer, con todos sus matices, era exponente de esta doctrina– el TEDH no incluía en el ámbito del precepto la protección de los derechos de negociación colectiva y de huelga. Pero esta aproximación cambia radicalmente en el asunto Demir y Baykara c. Turquía[39], una sentencia en la que el Tribunal acompasa su doctrina a estos efectos con la del Comité de Libertad Sindical y la Comisión de Expertos de OIT y con la del Comité Europeo de Derechos Sociales y del Comité de Ministros del Consejo de Europa, órganos que cita expresamente, así como hace referencia al acervo de los derechos internos y a la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea. En síntesis, su doctrina más importante consiste en que el derecho de negociación colectiva está protegido por el art. 11. En consecuencia, lo vulnera una regulación turca que había permitido que se anulase un convenio colectivo entre una autoridad municipal y un sindicato de empleados públicos y éstos se vieran obligados a devolver los incrementos salariales percibidos en virtud de aquél[40]. Con tal nueva doctrina, se revierte una vieja jurisprudencia que hundía sus raíces en pronunciamientos de los años setenta del pasado siglo[41].

Y, en el caso inmediatamente siguiente, Enerji Yapi–Yol c. Turquía[42], el TEDH ampara asimismo el derecho de huelga en el derecho de asociación. Es cierto que había precedentes de casos que lo habían admitido concesivamente, pero sin que ello supusiese una estimación de los asuntos presentados ante el Tribunal[43]. En este asunto se valoraba una circular ministerial por la que se prohibía a los empleados públicos participar en una huelga de un día de duración. Nuevamente, el TEDH se basa en los criterios formulados por los órganos competentes de la Carta Social Europea y de los Convenios nº 87 y 98 de OIT para establecer una doctrina que ampara el derecho de huelga en el de asociación y que lo considera esencial en la defensa de los intereses de las personas afiliadas a un sindicato. De tal modo que la violación del derecho de huelga constituye en sí misma considerada una violación del art. 11. Porque, aunque dicho derecho puede ser legítimamente limitado, una prohibición absoluta entre los empleados públicos no es una medida necesaria ni proporcionada en una sociedad democrática.

Por supuesto, pronunciamientos subsiguientes del TEDH se manifestaron en la misma línea protectora del derecho de huelga. Por ejemplo, para proteger a trabajadores frente a represalias que habían sufrido por parte de su empresario por haberlo ejercido (Danilenkov c. Rusia[44] y Saime Özkan c. Turquía[45]), e incluso frente a sanciones de modesta importancia (Kaya y Seyhan c. Turquía[46]). Lo cual es muy noticiable, pues había ciertos temores a que la postura del Tribunal se atemperase algo frente a medidas menos radicales o de menor entidad[47]. En la misma orientación, alguna sentencia más reciente considera contrarias al art. 11 unas multas de modesta cuantía por desobediencia a una orden policial de dispersión en un caso de manifestación pacífica no autorizada y sin daño a terceros en la puerta de un hospital[48].

Prescindiendo de otras sentencias de importancia menor, hay que hacer una alusión especial al asunto RMT c. Reino Unido[49], que pone nuevamente en cuestión el Derecho del Reino Unido, aunque en este caso para respaldarlo. Declara en términos muy estériles que la huelga de solidaridad está protegida por el art. 11 del Convenio. Porque añade que una prohibición de la misma puede no violar este precepto, pues la acción secundaria no forma parte del núcleo duro del derecho de libertad sindical, sino que constituye una actividad “accesoria”, susceptible de limitarse a situaciones en las que el empresario pueda abusar de su situación utilizando los resortes legales para perjudicar los derechos de los trabajadores –vg., a través de externalizaciones, deslocalizaciones o recurso a formas jurídicas complejas–. Es muy significativo comprobar cómo el TEDH utiliza de forma sesgada cierta doctrina de la Comisión de Expertos en Aplicación de Convenios y Recomendaciones, en unos términos que oscurecen la doctrina de éste, que incluye la huelga de solidaridad en el núcleo duro del derecho de asociación[50]. Es evidente que esta sentencia será revisada por la Gran Sala del TEDH, pero entretanto hay que reconocer un paso atrás en la garantía del derecho de huelga por la Corte de Estrasburgo. Aunque no debe olvidarse que, al menos desde una perspectiva retórica, la huelga de solidaridad se reconoce como contenido –accesorio– del derecho de asociación.

Con esta coda importante del asunto RMT c. Reino Unido, lo cierto es que la reciente doctrina del TEDH está adhiriendo los tradicionales derechos de actividad sindical como contenido esencial del derecho de asociación, en una doctrina que corre pareja a la de los órganos de OIT. Lo cual tiene mucha importancia, por dos razones: la primera, por la gran confrontación que existe en el seno de la OIT hacia el amparo del derecho de huelga en los Convenios nº 87 y 98 de OIT, exteriorizada a partir de la Conferencia de 2012 por la parte empresarial, muy a pesar de la opinión del Comité de Libertad Sindical y de la Comisión de Expertos. Indudablemente, la jurisprudencia del TEDH es, a este respecto, un importante punto de apoyo. La segunda, por la propia postura de la Unión Europea, teóricamente incompetente en temas de derecho de huelga, pero luego hostil en la praxis de sus órganos, en particular el Tribunal de Justicia, pero también la Comisión, en su función propositiva de normas.

Y al final de este viaje por la doctrina en torno al art. 11, emergen dos casos[51] muy similares que plantean importantes preguntas también desde la perspectiva del derecho español, en torno a la titularidad del Derecho de libertad sindical. El primero de los asuntos es Matelly c. Francia[52], fallado por la Sección quinta. Se trata de un caso relativo a una asociación de oficiales de gendarmería franceses, cuya existencia fue declarada contraria a la normativa interna por constituir una organización de naturaleza sindical. El Tribunal de Estrasburgo declara, para considerar vulnerado el art. 11 del Convenio de Roma, que la prohibición absoluta de asociación sindical en el contexto de las fuerzas armadas constituye una restricción que no es necesaria en una sociedad democrática, de forma que tal injerencia en el derecho de sindicación es desproporcionada, por más que sean razonablemente admisibles restricciones en la acción sindical en este ámbito. El tema resulta especialmente interesante en el Reino de España –por cierto, el único Estado que había hecho una reserva al art. 11 en el sentido de que se exceptuaba la libertad sindical en el ámbito de las Fuerzas Armadas, como se reconoce en la propia sentencia–. Máxime si se tiene en cuenta la postura del Consejo de Europa, cuya Asamblea Parlamentaria ha emitido una Recomendación 1742/2006 por la que se insta a los Estados a autorizar a los miembros de las fuerzas armadas a organizarse en asociaciones profesionales representativas o sindicatos. Por su parte, el Comité de Ministros, en Recomendación de 24 febrero de 2010, declara que los miembros de las fuerzas armadas deberían disfrutar del derecho de sindicación y del derecho de negociación colectiva, a la vez que solicita de los Estados que revoquen las limitaciones desproporcionadas de derechos. En fin, en este escenario se detecta que algo en la Constitución Española huele a rancio, en torno a la proclamación del derecho fundamental de libertad sindical.

Con toda seguridad, así pues, es muy conveniente prestar más atención a la jurisprudencia del TEDH en torno al art. 11, por lo menos al mismo nivel que ha merecido la que se ha dictado en torno a otros preceptos del CEDU, como ha sucedido con los arts. 6, 8 y 10 muy particularmente.

  1. ALGUNOS COMENTARIOS EN TORNO A LA VIDA PRIVADA Y AL TRABAJO FORZOSO

En torno a los arts. 4 y 8 del Convenio de 1950 también se están produciendo algunas sentencias muy interesantes del Tribunal de Estrasburgo que merecerían un detallado estudio. Sobre la vida privada, hay que hacer referencia, por ejemplo, a un reciente caso que afecta al Reino de España como parte demandada, el asunto Fernández Martínez c. España[53], fallado en Gran Sala, y que plantea muy interesantes reflexiones en torno al profesorado de religión católica en centros públicos, tanto en su voto mayoritario como en sus votos particulares. Por más que su doctrina haya sido desenfocada por parte de un voto particular muy desafortunado a la STC 140/2014, de 11 septiembre, enuncia una jurisprudencia que pone en entredicho la actuación de la Autoridad Eclesiástica y de las Administraciones públicas en estos casos[54].

Hay en esta sentencia Fernández Martínez c. España un rastro importante que conviene rescatar para tirar del hilo: el reclamante perdió su empleo a causa de la decisión de la Administración pública educativa de no renovarle el contrato basada en la propuesta del ordinario de la Diócesis de Cartagena. De acuerdo con el TEDH, la pérdida de su empleo constituye una decisión que afecta intensamente la vida privada del reclamante, pues el ámbito laboral es una esfera de relaciones cuya quiebra puede suponer una vulneración del art. 8 del CEDU, si el Estado no garantiza suficientemente su disfrute.

Esta opinión no constituye una anécdota, sino que se ha ido imbricando paulatinamente en la jurisprudencia de la Corte de Estrasburgo. Sin buscar rastros anteriores, una sentencia muy interesante es la relativa al asunto Sidabras y Dziautas c. Lituania[55]. Se trataba del cambio radical de régimen político en la nueva República Báltica, del que se siguió una criminalización del KGB y de todos sus miembros, a los que se impidió acceder a ciertos empleos públicos y privados, y se les extinguió cualquier relación de servicios con la Administración pública. Las dos personas reclamantes, afectadas por esta legislación, encontraron reparación en el TEDH, que apreció vulneración del art. 8 del Convenio. La sentencia apela a doctrina anterior, conforme a la cual el término “vida familiar” es de contenido amplio, no susceptible de una definición exhaustiva, pero que en todo caso protege la integridad física y moral de las personas y el pleno desarrollo de su personalidad. No puede restringirse, así pues, al círculo más próximo de sujetos con los que se relacionan, sino que tiene además una proyección externa, de establecer vínculos en ámbitos más amplios. Y recuerda que ya desde doctrina que se remonta a 1992 ha sostenido un concepto no excluyente de actividades profesionales o negocios, máxime si se tiene en cuenta que no es de fácil deslinde la profesión de la vida privada. A partir de estas ideas, expresa una doctrina central: “el Tribunal considera que una prohibición amplia de obtener un empleo en el sector privado afecta a la vida privada. Lo cual se relaciona particularmente con el texto del art. 1.2 de la Carta Social Europea y con las normas adoptadas por la OIT”.

Esta doctrina tiene un particular interés, porque el Tribunal incluye un derecho claramente social, el derecho al trabajo, en el derecho a la vida privada del art. 8 del Convenio, en una maniobra muy intencionada de implicarse más en cuestiones que tradicionalmente habían estado apartadas de su foco de interés. El acceso a una profesión constituye, por lo tanto, un componente básico del derecho a la vida privada, como se confirma en el posterior asunto Bigaeva c. Grecia[56], relativo al acceso a la profesión de abogado. De tal modo que se ve afectado, vg., cuando una persona es revocada de sus funciones judiciales (asunto Özpinar c Turquía[57]). Como se expresa en el asunto Oleksandr Volkov c. Ucrania[58], “el despido del recurrente de su puesto de juez afectó un amplio rango de relaciones con otras personas, incluidas relaciones de naturaleza profesional. Del mismo modo, tuvo un impacto en su círculo íntimo, pues la pérdida de su trabajo tuvo consecuencias tangibles para el bienestar material del demandante y de su familia…”.

Claramente, el art. 8 del Convenio no puede erigirse en punta de lanza de defensa frente a los despidos injustificados o arbitrarios. Con todo, esta doctrina que claramente ha consolidado el TEDH puede ser valiosa a la hora de enfrentar ciertas decisiones no causales de la Administración pública o alguna que otra norma que no proteja adecuadamente frente a extinciones abusivas de una relación de prestación de servicios. A tal efecto, puede actuar como elemento de apoyo de alguna actuación y doctrina que provenga del Comité Europeo de Derechos Sociales en torno al art. 24 de la Carta Social Europea.

Por lo que respecta al derecho del art. 4, curiosamente no ha sido objeto de conocimiento en un excesivo número de ocasiones por el Tribunal de Estrasburgo. La prohibición de esclavitud o servidumbre y del trabajo forzado u obligatorio encuentra un punto de inflexión, no obstante, en el muy importante asunto Siliadin c. Francia[59], un caso relativo a una mujer togolesa[60] que, antes de alcanzar la mayoría de edad, fue llevada a Francia con visa de turista para trabajar en un hogar en virtud de cierto acuerdo verbal con su familia. De conformidad con dicho acuerdo, ella prestaría servicios domésticos como contraprestación del pago del viaje y, posteriormente, su situación laboral sería regularizada. A los pocos meses, fue transferida para prestar servicios en otra familia, con la autorización de su padre, como empleada del hogar y cuidadora de niños, sin contraprestación salarial –salvo unos pequeños regalos–, y con una jornada desde las 7:30 de la mañana hasta las 22:30, siete días a la semana. Por lo demás, dormía en un colchón en el dormitorio del bebé de la familia. Al cabo de un año, se escapó de esta familia y trabajó y vivió con otra distinta, en cuyo seno dormía separadamente y cobraba por su trabajo. Pero hubo de volver a la anterior familia por petición de su tío paterno, bajo la promesa de que su situación sería regularizada, cosa que no ocurrió; antes bien los cabezas de familia la amenazaban con la posibilidad de arresto o deportación para controlarla. Hasta que finalmente recuperó su pasaporte y se escapó nuevamente. Poco después, la policía entró en esa casa y acusó a la pareja de abusar del estatus vulnerable y dependiente de Mrs. Siliadin.

El TEDH declara vulneración del art. 4 del Convenio de Roma. Parte de la doctrina de las obligaciones positivas de los Estados Miembros y declara que están obligados a establecer medidas penales efectivas para condenar estas actuaciones, ya procedan de actores públicos o privados. Considera el Tribunal que las sanciones que se les aplicaron a los cabezas de familia que impusieron unas condiciones de trabajo forzado a la reclamante –una simple indemnización civil– no resultaban suficientemente disuasorias, de tal forma que la República de Francia incumplió sus obligaciones en cuanto al art. 4 del Convenio, al no haber incorporado legislación efectiva que sancionase la esclavitud, la servidumbre y el trabajo forzado.

La sentencia es de gran interés, en unas circunstancias que claramente deben definirse como esclavitud doméstica. Es importante destacar que ya en 2001 el Comité de Ministros del Consejo de Europa requirió a los Gobiernos de los Estados Miembros para que abordaran frontalmente este problema, a la vez que expresaba su preocupación por el hecho de que ninguno de ellos hubiese tipificado penalmente dicha esclavitud[61]. Puede decirse que Siliadin c. Francia es la primera sentencia en la que se examina el efecto horizontal del art. 4 del Convenio de Roma[62]. Por otra parte, tiene un gran calado comprobar que el Tribunal cubre su falta de doctrina propia con remisiones abundantes a la normativa de OIT, fundamentalmente al Convenio nº 29, de 1930, sobre el trabajo forzoso y al Convenio nº 105, de 1957, sobre la abolición del trabajo forzoso. Asimismo, es importante la referencia al Convenio sobre la esclavitud de 1926, del cual alude al concepto, que requiere el ejercicio efectivo de un derecho de propiedad y la reducción del estatus del individual concernido a un objeto. De nuevo, se pone en evidencia el recurso al bagaje de OIT y de otros instrumentos de UN para definir el ámbito objetivo de los derechos humanos. Es evidente que, en el caso de la reclamante, su condición de inmigrante ilegal le producía un fundado temor de ser detenida por la policía, en tanto que sus empleadores estimulaban sus miedos, a la vez que animaban su esperanza de ser regularizada. Evidentemente, no tenía otra opción razonable que mantenerse en su prestación abusiva de servicios, con gran restricción de su libertad personal y de su intimidad.

Hay otro caso, relativo a tráfico de mano de obra de una mujer rusa que se trasladó a Chipre para trabajar en un cabaret y que fue asesinada en poco más de una noche, Rantsev c. Chipre y Rusia[63]. En un sórdido caso sobre turismo sexual[64] se analiza la cobertura del art. 4 a la lucha contra el tráfico de mano de obra –en este caso, de mujeres–. El Tribunal aprecia cómo el concepto de esclavitud ha evolucionado, de forma que la limitación de los movimientos de una persona o de su entorno físico, la existencia de una dominación psicológica, la adopción de medidas que eviten su fuga, el control de la su sexualidad o el trabajo forzoso constituyen manifestaciones actuales del mismo. El tratamiento de las personas como mercancía es una nota característica del tráfico de mano de obra, así como la vigilancia continuada de sus movimientos, la utilización de violencia o amenazas, o el sometimiento a condiciones de vida muy precarias. A la vista de todo lo cual, el Tribunal considera superfluo identificar si el tratamiento padecido por la recurrente encaja con precisión en los conceptos de esclavitud, servidumbre, o trabajo forzoso del art. 4 del Convenio. Antes bien, considera que el propio concepto de tráfico, tal y como ha sido definido en las normas internacionales, se incluye en el ámbito de aplicación de dicho precepto.

Aclarado este escenario, el Tribunal expresa que la falta de adopción de medidas suficientes contra el tráfico constituye una violación autónoma del art. 4. Es necesaria una perspectiva amplia que combine medidas preventivas y de protección de las víctimas, así como de penalización de los traficantes. Por lo tanto, se trata de adoptar políticas globales, que no confíen desproporcionadamente en la labor de las autoridades policiales, que establezcan protocolos de investigación urgente, y que tengan en cuenta la globalidad del problema, la cual exige el esfuerzo coordinado de las autoridades de varios países. A la vista de tales aseveraciones, el Tribunal concluye que Chipre violó el art. 4 al no adoptar suficientes medidas de protección que salvaguardaran a la señora Rantseva del tráfico del que fue víctima, así como que Rusia violó el mismo precepto al no cumplir con su obligación de investigar suficientemente el tráfico producido.

Por consiguiente, el asunto Rantsev constituye una evolución con relación a Siliadin, pues prescinde de un concepto clásico de esclavitud y asimila a ella el tráfico de mano de obra, sin que éste tenga que compartir necesariamente todos los rasgos de aquélla. En Siliadin el TEDH admitió que la empleada del hogar no estaba propiamente en una situación de esclavitud, y pese a ello la protegió por vulneración del art. 4. En Rantsev, la Corte asimila tráfico y esclavitud porque en ambos está ínsito el concepto de propiedad sobre una persona y de la consideración de ésta como una mercancía. De nuevo, se interpreta el lenguaje del Convenio desde una perspectiva evolutiva y a la luz del cambio de las realidades sociales para proteger realidades emergentes incompatibles con la dignidad humana y con el funcionamiento de sociedades democráticas.

Siguiendo la estela de ambos casos, debe citarse también el asunto C.N. y V. c. Francia[65], en el que se concluyó que una de las demandantes había sido víctima de trabajo forzado, a la vez que la República de Francia había incumplido sus obligaciones positivas en torno a la protección del art. 4 del Convenio de Roma. Asimismo, en el asunto C.N. c. Reino Unido[66], el Tribunal consideró que se había producido una vulneración de dicho precepto, por cuanto el Reino Unido no había incorporado el tipo delictivo de servidumbre doméstica. De tal modo que el procedimiento abierto para investigar los hechos no pudo ser totalmente efectivo.

Aunque el art. 4 puede constituir una herramienta eficaz para luchar contra el trabajo forzoso, evidentemente no vale para combatir todos los abusos que se cometen contra las personas migrantes que prestan servicios domésticos. Explotaciones tan comunes que sufren como salarios muy reducidos, insuficientes períodos de descanso o largas jornadas quedan al margen del Convenio de Roma y constituyen la realidad que de forma cotidiana sufren aquéllas[67]. Como expresa alguna autora[68], deviene eficaz ante los peores casos de precariedad.

  1. EN TORNO A LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN

Como quiera que se trata de un tema mucho más conocido, la jurisprudencia del TEDH al respecto puede comentarse solo en sus trazos más recientes. Como es sabido, la doctrina del TC español ha estado bastante influenciada por sus pronunciamientos y, en líneas generales, tal influencia ha removido ciertos límites al derecho fundamental del art. 20 de la Constitución[69]. Y el ámbito laboral ha sido punta de lanza, en torno a sanciones que han padecido los trabajadores por supuestos excesos en el ejercicio del derecho.

A este respecto, las sentencias más recientes suponen una inflexión hacia puntos de vista menos comprometidos con la prevalencia del derecho del art. 10 del Convenio. Muy en particular, en cuanto a las relaciones sindicales, los últimos pronunciamientos han optado por una interpretación que debe considerarse restrictiva. Exponente claro de esta tendencia es la sentencia de la Gran Sala relativa al asunto Palomo Sánchez c. España[70]. Se trataba de unas publicaciones que contenían unas caricaturas de dudoso gusto relativas al responsable de recursos humanos y a dos trabajadores que habían testificado en juicio a favor de la empresa, a las que se acompañaban sendos artículos que denunciaban con palabras relativamente ofensivas la conducta de dichos trabajadores. Tales publicaciones eran responsabilidad de la sección sindical de un sindicato en la empresa, cuyos responsables fueron despedidos.

El Tribunal pasa revista a la doctrina del Comité de Libertad Sindical de OIT, de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y hace una pequeña referencia comparatista a los sistemas internos de los Estados miembros del Consejo de Europa. Reconoce que se trata de un caso de yuxtaposición entre el derecho de libre expresión del art. 10 y el derecho de asociación del art. 11 y pone de relieve que entran en contradicción ambos derechos, por un lado, con los derechos a la dignidad y al honor de las personas aludidas en la publicación sindical, en el contexto de una relación laboral. Pero el TEDH considera que el interés sindical por difundir noticias de indiscutible relevancia para sus representados no justifica el carácter ofensivo de las expresiones proferidas y de las viñetas, que además no fueron un acto espontáneo, sino una publicación meditada. En tales condiciones, y dado el amplio margen de discrecionalidad que los Estados miembros le conceden a la empresa a la hora de sancionar, el Tribunal concluye que el despido no fue una reacción desproporcionada.

El TEDH recurre a la jurisprudencia de otros órganos internacionales, que parafrasea y hace suya, pero al final pasa bastante de puntillas por el principio de proporcionalidad y falla en el sentido de convalidar la decisión adoptada por los órganos judiciales internos, adversa a apreciar lesión de los derechos fundamentales de libertad sindical y de libre expresión. Por más que cinco de los diecisiete jueces fallan en contra del voto mayoritario y elaboran un voto particular más ponderado con la vigencia de los derechos de los arts. 10 y 11 del Convenio de Roma.

En contraste con el asunto Palomo Sánchez, que aborda un caso bastante tópico en la doctrina del Tribunal, más novedoso es el Eğitim ve Bilim Emekçileri Sendikasi c. Turquía[71], relativo a un sindicato de servidores públicos de educación y ciencia que defendía el derecho de todas las personas a ser educadas en su lengua materna. Sucedió que el Gobernador de Ankara instó la disolución del sindicato, pues tal derecho entraba en contradicción con la Constitución turca y con cierta legislación derivada. Ante esta situación, el sindicato adaptó sus estatutos a los requerimientos gubernamentales, pero inició un procedimiento que llegó al conocimiento del TEDH. En él, se dilucidaba la vigencia del derecho del art. 10, en conexión con el art. 11 CEDU, en relación con el principio constitucional turco de Estado unitario. Se trataba de verificar si concurría una necesidad social exigida en una sociedad democrática para poner coto al derecho incluido en los estatutos del sindicato. El Tribunal comienza por poner de manifiesto que no contenían ninguna incitación al uso de la violencia. Continúa arguyendo que el derecho defendido puede ir en contra de la opinión mayoritaria de la población turca o contra políticas gubernamentales muy arraigadas. No obstante, es necesario que las asociaciones o los grupos políticos puedan participar en los debates generales para acercar posiciones o implicarse en el debate público. No va en contra de la seguridad nacional la educación en la lengua materna, por más que ello favorezca a culturas minoritarias.

En referencia más estricta al derecho del art. 10, el Tribunal reitera sus doctrinas generales y enfatiza que las ideas que cuestionan el orden establecido y que se defienden por canales pacíficos deben poder expresarse públicamente, cualquiera que sea la lengua en la que se difundan. Por más que haya conocidos problemas de terrorismo en la República de Turquía, no es razonable pensar que el principio de educación en la lengua materna persiga una agenda oculta, incite a la violencia o suponga una amenaza contra la integridad territorial de la nación turca.

Aparentemente, no se trataría de un caso excepcionalmente importante en torno al derecho de libre expresión. Pero pone de manifiesto una percepción del TEDH, sensible a la posibilidad de que todas las “asociaciones” –por supuesto, también las organizaciones sindicales– se involucren en el debate público sobre temas que, de conformidad con sus estatutos, no les son ajenos. Quiero decir con ello que la agenda sindical y “los intereses que les son propios” –parafraseando el art. 7 de la Constitución– no merecerían una interpretación restrictiva, como en no pocas ocasiones se les ha dado por parte de los Tribunales internos. En este caso, se trata de la defensa de las lenguas minorizadas –de las cuales es claro ejemplo, en el Reino de España, el gallego a partir de 2009–. Pero, sin duda alguna, hay múltiples asuntos más, que deben ser objeto de defensa pública en una sociedad democrática por parte de las organizaciones sindicales. Sin duda alguna, a través del art. 10 el TEDH está ampliando el contenido de la actividad sindical, en la línea abierta por el asunto Demir y Baykara.

  1. REFLEXIONES FINALES ACERCA DEL PAPEL DEL TEDH EN EL ÁMBITO SOCIO–LABORAL

No es fácil rastrear sentencias de la Jurisdicción ordinaria española que se sustenten, o incluso que citen, jurisprudencia del TEDH, sin perjuicio de que haya honrosas excepciones. Contrasta la mayor atención que le presta el TC, sin duda en su función de máximo intérprete de los derechos fundamentales y libertades públicas, y con la vista puesta en el art. 10.2 de la Constitución. Esta circunstancia invita a una reflexión acerca de los porqués y de las fortalezas y debilidades de la doctrina del Tribunal de Estrasburgo.

Primeramente, habría que plantear una explicación basada en cómo se imbrica el TEDH con los órganos internos de la Jurisdicción. A diferencia de lo que sucede con el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, los jueces y tribunales no le pueden remitir cuestiones prejudiciales referidas a problemas interpretativos. No existe ningún sistema de interlocución paralelo que anime la duda interpretativa y consolide una relación directa con el Tribunal de Estrasburgo. Este sencillo dato propicia una menor implicación de los órganos judiciales intermedios, que interpretan la doctrina de dicho Tribunal filtrada por el TS y por el TC, cuando hay al respecto jurisprudencia interna. Cuando no, esta falta de entusiasmo, y probablemente de conocimiento, anima cierto desinterés, por más que la jurisprudencia del TEDH sea vinculante. Además, no ocupa un lugar formal en la jerarquía judicial de los Estados Miembros del Convenio. Actúa como una suerte de objeto extraño que, en teoría, no tiene capacidad de anular decisiones judiciales, como tampoco puede imponer cambios legales o revisar prácticas administrativas[72]. Es más, sus sentencias tienen un carácter meramente declarativo, si se exceptúa la posibilidad de que se imponga una compensación económica a las víctimas de una violación del CEDU, en los casos en los que el Estado concernido no les haya otorgado plena reparación[73].

Por supuesto, éstos son datos estructurales y casi se diría que fundacionales del Tribunal de Estrasburgo. Ahora bien, ello no impide que deba afrontarse el reto de una mayor presencia suya en la Jurisdicción española, sean cuales sean las medidas oportunas a tal fin. De lo que se trata, a fin de cuentas, es de conseguir que el Convenio de Roma constituya un documento práctico y efectivo en manos de los particulares al amparo de la tutela de los derechos humanos y de las libertades fundamentales[74]. Lo que está en juego es, ni más ni menos, el derecho del art. 13 del Convenio a un recurso efectivo ante una instancia nacional para las víctimas de las violaciones de aquéllos. A este respecto, sí se aprecia –como se ha visto a lo largo de todas estas páginas– una mayor interrelación entre el TEDH y otros organismos internacionales de OIT o de UN, particularmente. Lo cual tiene una extraordinaria importancia. En efecto, el hecho de que un Tribunal como el de Estrasburgo acoja doctrinas relativas a instrumentos no vinculantes –como pueden ser, como caso más conocido, las Recomendaciones de OIT– o dictadas por órganos cuyas decisiones no pueden hacerse ejecutivas en el Estado al que se refieren –vg., el Comité de Libertad Sindical o la Comisión de Expertos en Convenios y Recomendaciones– constituye un elemento de refuerzo importantísimo de los derechos fundamentales en la esfera del empleo y las relaciones laborales.

Con todas sus contradicciones, debe reconocerse que la doctrina del TEDH ha sido bastante creativa. En términos generales, los órganos judiciales internos han acatado sus decisiones, como es prueba clara, por lo que respecta al Reino de España, todo lo relativo a la doctrina Parot, un tema de gran consternación social pocas fechas atrás, pero que ha sido razonablemente asumido por nuestra jurisprudencia[75]. Han sido revisadas en el contexto europeo normas incompatibles con la doctrina del Tribunal, se han reabierto casos cerrados y, en términos generales, se han decidido asuntos conforme a su doctrina[76]. El TEDH, con su jurisprudencia relativa a las obligaciones positivas de los Estados, se ha comportado con cierto grado de saludable intervencionismo. Su aproximación al Convenio de Derechos Humanos y Libertades Fundamentales como un instrumento vivo, que requiere una interpretación dinámica y evolutiva[77], ha abierto el camino para interpretaciones más novedosas y atentas a las nuevas sensibilidades sociales[78]. Y, por otra parte, en el contexto de la Unión Europea, no puede dejar de recordarse la importancia que tiene el art. 6 del TUE: la obligada adhesión de este órgano supranacional al CEDU[79] y la consideración de los derechos que éste reconoce como principios generales que se hacen propios, como Derecho de la Unión[80].

Ya en cuanto a aspectos más propiamente sociales y laborales, se ha dicho no sin razón que la doctrina de las obligaciones positivas de los Estados ha sido, en cierta medida, un sustitutivo que ha intentado suplir parcialmente la falta de derechos económicos y sociales. Ha sido así, muy claramente, con la interpretación del art. 4 en torno al trabajo forzoso[81]. Que el TEDH esté vigilante ante la inactividad de los Estados y que pueda considerar su pasividad como un incumplimiento de ciertos derechos del Convenio –no solo del art. 4, sino también del 8, del 10 ó del propio 11– es una actitud portadora de esperanza. A través de ella se ha conseguido, además, una suerte de eficacia horizontal indirecta de su jurisprudencia, que afecta de un modo claro a las relaciones entre privados[82]. La cual aumenta su interés en unos años en los que, indiscutiblemente, el TEDH se ha implicado algo más en la defensa de los derechos laborales y sociales, como se ha descrito, con todas las vacilaciones que se quiera, en estas páginas.

El TEDH es un órgano incómodo para jurisdicciones y gobiernos nacionales. Muchos de sus pronunciamientos afectan a poderosos intereses internos. Tal vez en el caso del Reino de España no haya sido así en toda su intensidad. Pero probablemente a causa del no excesivo número de asuntos relativos a nuestro Derecho interno. Acaso la situación deba revertirse, como se pone de manifiesto periódicamente en los medios de comunicación, cuando contradice alguna de nuestra jurisprudencia en apariencia muy consolidada, sabia y respetable.


[1]  Este estudio se ha realizado en la University of Hull, con financiación del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte en el marco del Programa Estatal de Promoción del Talento y su Empleabilidad en I+D+I, Subprograma Estatal de Movilidad, del Plan Estatal de Investigación Científica y Técnica y de Innovación 2013-2016. El proyecto financiado se titula “Empleo atípico y trabajo precario”.

[2]  Véase, en este sentido, MANTOUVALOU, V., Labour rights in the European Convention of Human Rights: An intellectual justification for an integrated approach to interpretation, Human Rights Law Review, 2013, p. 5.

[3]  Así lo ponen de manifiesto, vg., DORSSEMONT, F. y LÖRCHER, K., The European Convention on Human Rights and the Employment Relation (preface+ conclusions), en http://www.upf.edu/gredtiss/_pdf/2013–LLRNConf_DorssemontEtAl–BOOK.pdf. También, MANTOUVALOU, V. (op. cit., p. 8), quien los considera dos campos fundamentales del Convenio.

[4]  HELFER, L.R., Redesigning the European Court of Human Rights: Embeddedness as a deep structural principle of the European Human Rights Regime, The European Journal of International Law, vol. 19, nº 1, 2008, p. 2.

[5]  Véase una referencia a estos orígenes en MOWBRAY, A., The creativity of the European Court of Human Rights, Human Rights Law Review, 5, 2005, p. 58.

[6]  A la vocación de Tribunal Constitucional del TEDH se hará referencia enseguida, al aludir brevemente al Protocolo XIV. Por ahora, baste con decir que está abierto un importante debate al respecto. Sobre él, SENDEN, H., Interpretation of fundamental rights in a multilevel legal system. An analysis of the European Court of Human Rights and the Court of Justice of the European Union, Intersentia (Cambridge, 2011) pp. 16 ss.

[7]  Así lo pone de manifiesto VOETEN, E., The impartiality if internacional judges: Evidence from the European Court of Human Rights, American Political Science Review, vol. 102, 4, 2008, p. 418.

[8]  HELFER, L.R., op. cit., pp. 138 y 159.

[9]  SENDEN, H., op. cit., pp. 22–3.

[10]  Ratificado por España por Instrumento de 28 noviembre 1996 (BOE de 26 junio 1998). Una reflexión amplia sobre este protocolo en BATES, E., The evolution of the European Convention of Human Rights: From its inception to the creation of a permanent Court of Human Rights, Oxford University Press (Oxford, 2010) pp. 432 ss.

[11]  Abierto a la firma el 13 mayo 2004, fue ratificado por España por Instrumento de 3 marzo 2006 (BOE de 28 mayo 2010), y en vigor desde el 1 octubre 2009, una vez que obtuvo el número suficiente de ratificaciones. Hubo no pocos problemas con la Duma rusa para que ratificase el Protocolo, cosa que no hizo hasta febrero 2010. Lo cual es de gran significación, pues aproximadamente el 30 por 100 de las reclamaciones ante el TEDH proceden de la Federación Rusa. A este respecto, BATES, E., op. cit., p. 503.

[12]  HELFER, L.R., op. cit., p. 133.

[13]  SENDEN, H., op. cit., p. 18.

[14]  BATES, E., op. cit., p. 500.

[15]  Véanse estas innovaciones en HELFER, L.R., op. cit., pp. 141–2.

[16]  Sobre este mecanismo, BATES, E., op. cit., pp. 490 ss.

[17]  SENDEN, H., op. cit., pp. 18 ss.

[18]  MANTOUVALOU, V., op. cit., p. 6.

[19]  MANTOUVALOU, V., op. cit., p. 3.

[20]  Describiendo esta tendencia, O’GORMAN, R., The ECHR, the EU and the weakness of social rights protection at the European level, German Law Journal, vol. 12, nº 10, 2011, p. 1833.

[21]  C–438/05, sentencia de 11 diciembre 2007.

[22]  C–112/00, sentencia de 12 junio 2003.

[23]  O’GORMAN, R., op. cit., p. 1834.

[24]  MANTOUVALOU, V., Labour Rights in the European Convention on Human Rights…, cit., p. 8.

[25]  Sentencia de 13 agosto 1981.

[26]  Al respecto, sigue siendo una lectura esencial AUERBACH, S., Legislating for conflict, Clarendon Press (Oxford, 1990).

[27]  MANTOUVALOU, V., op. cit., p. 11.

[28]  Véase La libertad sindical. Recopilación de decisiones y principios del Comité de Libertad Sindical del Consejo de Administración de la OIT, 5ª ed. Revisada, OIT (Ginebra, 2006) pp. 81–2.

[29]  En torno a él, son de interés las reflexiones y datos de VAN HIEL, I., “The right to join and form trade unions”, en VV.AA. (ed. DORSSEMONT, F., LÖRCHER, K. y SCHÖMANN, I., The European Convention on Human Rights and the Employment Relation, Bloomsbury Publishing (London, 2013) pp. 290 ss.

[30]  Véase una referencia amplia a este caso en CLAPHAM, A., Human rights obligations of non–state actors, Oxford University Press (Oxford, 2006) pp. 413–4.

[31]  Sentencia de 13 junio 1993.

[32]  Sentencia de 25 abril 1996.

[33]  Sentencia de 2 julio 2002.

[34]  En este sentido, DAVIES, A.C.L., “The Constitucionalization of Labour Law: Possibilities and problems”, en VV.AA. (ed. ZIEGLER, K.S. y HUBER, P.M.), Current problems in the protection of human rights. Perspectives from Germany and the UK”, Hart Publishing (Oxford, 2013) p. 54. El autor pone de manifiesto que la sentencia produjo una reforma de la Trade Union and Labour Relations (Consolidation) Act en 2004, pero no totalmente ajustada a la doctrina del TEDH.

[35]  Sentencia de 11 enero 2006.

[36]  Claro que el TEDH no es el único organismo crítico con el closed shop. En el propio ámbito del Consejo de Europa, el Comité Europeo de Derechos Sociales se ha pronunciado en términos de incompatibilidad entre esta cláusula y el art. 5 de la Carta Social Europea. Véase, en este sentido, con algunos datos, COLLINS, H., EWING, K. y McCOLGAN, A., Labour Law, Cambridge University Press (Cambridge, 2012) p. 482. Asimismo, la Declaración Universal de Derechos Humanos, en su art. 20 (2) lo prohíbe expresamente (“nadie podrá ser obligado a pertenecer a una asociación”).

[37]  Es muy interesante recordar que en 2010 el Comité Europeo de Derechos Sociales concluyó que la legislación británica sobre libertad sindical –la Trade Union and Labour Relations (Consolidation) Act de 1992– violaba la Carta Social Europea en una serie de aspectos. Declaró que el requisito de que se preavise al empresario sobre la votación para una convocatoria de huelga, añadido al preaviso mismo de la huelga, resulta excesivo –incluso después de su simplificación producida en una reforma legal de 2004–, de modo que no es conforme con el art. 6.4 de la Carta (Comité Europeo de Derechos Sociales, Conclusión XIX–3, diciembre 2010).

[38]  Sentencia de 17 febrero 2007.

[39]  Sentencia de 12 noviembre 2008. Sobre este caso y los siguientes puede colegirse mi estudio El reconocimiento internacional y europeo del derecho de huelga, REDT, nº 156, 2012, pp. 43 ss.

[40]  Una pormenorizada descripción de los hechos y del proceloso proceso judicial en EWING, K.D. y HENDY QC, J., The dramatic implications of Demir and Baykara, Industrial Law Journal, vol. 39, nº 1, 2010, pp. 2 ss.

[41]Ibid., pp. 5 ss. El TEDH lo dice sin ambages: “El Tribunal considera que su jurisprudencia relativa a que el derecho de negociación colectiva no constituye un elemento inherente al art. 11…debe reconsiderarse, para tener en cuenta la evolución perceptible en estas materias, tanto en el Derecho Internacional como en los sistemas legales internos. Mientras que en interés de la seguridad jurídica, previsibilidad e igualdad ante la ley el Tribunal no debe apartarse sin una buena razón de precedentes establecidos en casos previos, una negativa del Tribunal hacia el mantenimiento de una aproximación dinámica y evolutiva supondría el riesgo de impedir reformas y mejoras.

[42]  Sentencia de 21 abril 2009.

[43]  EWING, K.D. y HENDY QC, J., op.cit., pp. 11 ss.

[44]  Sentencia de 30 julio 2009.

[45]  Sentencia de 15 septiembre 2009.

[46]  Sentencia de 15 septiembre 2009.

[47]  Expresando estas prevenciones, DAVIES A.C.L., “The Constitucionalization…”, cit., p. 53.

[48]  En tales manifestaciones se llamaba la atención sobre una reorganización administrativa de los servicios turcos de salud que tenía evidentes repercusiones laborales. Se trata del asunto Yilmaz Yilziz y otros c. Turquía, sentencia de 14 octubre 2014.

[49]  Sentencia de 8 abril 2014, de la sección cuarta del Tribunal. Un comentario crítico con esta sentencia en BOGG, A. y EWING, K.D., The implications of the RMT case, Industrial Law Journal, vol. 43, nº 3, 2014, pp. 221 ss.

[50]Ibid., pp. 241 ss.

[51]  Se omite un mayor comentario de un caso relativo a la constitución de una organización sindical en el seno de la Iglesia Ortodoxa de Rumanía. El TEDH, en Gran Sala, y por once votos contra seis, declara que no hay violación del art. 11 por el hecho de que las organizaciones constituidas en el ámbito de dicha Iglesia deban pedir previa autorización a la autoridad eclesiástica. En el bien entendido de que eso no puede suponer una anulación del derecho de sindicación. Se trata del asunto Sindicatul Păstorul cel Bun c. Rumanía, sentencia de 9 julio 2013.

[52]  Sentencia de 2 octubre 2014. El segundo, de la misma fecha de sentencia y con doctrina paralela, es Adefdromil c. Francia.

[53]  Sentencia de 12 junio 2014, de la sección segunda.

[54]  Sin que sea aquí el espacio para profundizar en este tema, remito a mi comentario El control judicial sobre las decisiones episcopales relativas al profesorado de religión en centros públicos: comentario a una sentencia desafortunada con exabrupto en uno de los votos particulares. Sobre la STC 140/2014, de 11 septiembre, RDS, nº 67, pp. 145 ss.

[55]  Sentencia de 27 julio 2004.

[56]  Sentencia de 28 mayo 2009.

[57]  Sentencia de 19 octubre 2010.

[58]  Sentencia de 9 enero 2013.

[59]  Sentencia de 26 julio 2005, segunda sección.

[60]  Sobre él, CULLEN, H., Siliadin v France: Positive obligations under article 4 of the European Convention on Human Rights, Human Rights Law Review, 6:3, 2006, pp. 585 ss.

[61]  Recomendación 1523 (2001) parágrafo 9.

[62]  Así lo expresa MANTOUVALOU, V., Servitude and forced Labour in the 21st century: The human rights of domestic workers, Industrial Law Journal, vol. 35, nº 4, p. 406.

[63]  Sentencia de 7 enero 2010, de la sección primera. Sobre ella, MANTOUVALOU, V., Human rights for precarious workers: The legislative precariousness of domestic labor, Comparative Labor Law & Policy Journal, nº 34, 2012, pp. 152–3.

[64]  Sobre él, ALLAIN, J., Rantsev v Cyprus and Russia: The European Court of Human Rights and trafficking as slavery, Human Rights Law Review, vol. 10, nº 3, pp. 546 ss.

[65]  Sentencia de 11 octubre 2012, de la sección quinta.

[66]  Sentencia de 13 noviembre 2012, de la sección quinta. Otro caso en que el Reino Unido admite su infracción del art. 4 del Convenio es el asunto Kawogo c. Reino Unido, que se cierra con Decisión de 3 septiembre 2013, de la sección cuarta.

[67]  Véase MURPHY, C., The enduring vulnerability of migrant domestic workers in Europe, International and Comparative Law Quarterly, vol 62, nº 3, 2013, pp. 599 ss., especialmente ad pp. 624–5.

[68]  MANTOUVALOU, V., Human rights for precarious workers: The legislative…, cit., p. 154.

[69]  Al respecto, vg., TORRES PÉREZ, A., Fuentes Bobo y la infra–ejecución de las sentencias del Tribunal Europeo de Derechos Humanos en España, Revista española de Derecho Europeo, nº 21, 2007, pp. 145 ss.

[70]  Sentencia de 12 septiembre 2011.

[71]  Sentencia de 25 septiembre 2012, sección segunda.

[72]  Reflexiones al respecto en HELFER, L.R., Redesigning the European Court of Human Rights…, cit., pp. 133 ss.

[73]  Un caso muy conocido al respecto en el ámbito laboral español ha sido el de la sentencia resolutoria del caso García Mateo c. España, de la sección tercera, de 19 febrero 2013. Sobre esta sentencia y sus efectos, OLARTE ENCABO, S., Tutela indemnizatoria y recurso de amparo en la doctrina del TEDH en relación con la no discriminación laboral por razón de sexo, AL, nº 12, 2013, pp. 4 ss.

[74]  En defensa de esta agenda, MOWBRAY, A., The creativity…, cit., pp. 72 ss.

[75]  Sobre este tema, DÍAZ GÓMEZ, A., La “doctrina Parot” y sus aspectos formales y constitucionales: a propósito de la sentencia 21 de octubre de 2013 del TEDH, Revista General de Derecho Penal, nº 20, 2013.

[76]  Más ampliamente, HELFER, L.R., op. cit., p. 147.

[77]  Sin que pueda ahora aludirse con más extensión a esta importante jurisprudencia, véase al respecto SENDEN, H., Interpretation of fundamental rights in a multilevel legal system…, cit., pp. 161 ss.

[78]  Como ejemplo evidente al respecto, debe de citarse su doctrina relativa a la discriminación por orientación e identidad sexual, amparada en los arts. 8 y 10 del Convenio. Al respecto, CABEZA PEREIRO, J. y LOUSADA AROCHENA, J.F., El derecho a la no discriminación por orientación sexual e identidad de género en la relación laboral, Bomarzo (Albacete, 2014) pp. 28 ss.

[79]  Aunque plagada de problemas y retrasos. Otra vez más se ha producido un importante contratiempo, con la Opinión del Tribunal de Justicia 2/2013, de 18 diciembre 2014, que considera que el proyecto de acuerdo de adhesión de la Unión Europea al CEDU no es compatible con el art. 6.2 del TUE.

[80]  Sobre ciertos problemas de fricción entre la doctrina del TEDH y la del TJU, BIRKINSHAW, P., “National Courts and European Union Courts”, en VV.AA. (ed. HAYWARD, J. y WURZEL, R.) European disunion. Between sovereignty and solidarity, Palgrave, McMillan (Hampshire, 2012) pp. 126 ss.

[81]  CULLEN, H., op. cit., p. 585.

[82]  Como ha reconocido MANTOUVALOU, V., Labour rights in the European…, cit., p. 7.