La antigua y controvertida cuestión de la titularidad del derecho de huelga en un enfoque comparado italo-español

Marialaura Birgillito

Doctora en Derecho del Trabajo Europeo por la Universidad de Catania. Profesora Asociada UCLM.

1. La titularidad del derecho de huelga en los estudios de dogmática jurídica. 2. El marco constitucional del derecho de huelga. 3. El contenido y el alcance del interés colectivo en el conflicto. 4. Las aproximaciones teóricas a la titularidad del derecho de huelga. 5. La titularidad colectiva. 5.1 Las reconstrucciones de la doctrina italiana de los años ’50. 5.2. El debate interno a la doctrina italiana en los años ‘80. 5.3. Las aproximaciones a la titularidad del derecho de huelga a raíz de la Ley italiana n. 146/1990. 6. La tesis de la titularidad individual del derecho de huelga. 7. Las críticas a los paradigmas tradicionales de la titularidad del derecho de huelga. 8. La tesis de la cotitularidad del derecho de huelga. 9. La relación entre titularidad del derecho de huelga y su regulación.

  1. La titularidad del derecho de huelga en los estudios de dogmática jurídica

La titularidad, en su formulación teórica, es aquel vínculo jurídico que une el derecho, como bien o interés que el ordenamiento reconoce como relevante y merecedor de protección, al sujeto al cual dicho interés pertenece, el trabajador individual o una colectividad determinada[1].

Desde los estudios de dogmática jurídica, la titularidad y el ejercicio del derecho están íntimamente relacionados, puesto que, a parte limitadas excepciones, el sujeto titular del interés protegido es el único habilitado a decidir cuándo ejercerlo, con qué modalidades y si realizar los correspondientes actos de disposición.

Las mismas reflexiones se trasponen a los derechos colectivos, y al derecho de huelga particularmente, cuyas facultades las comparten como gemelos siameses el sujeto colectivo y los trabajadores individuales.

Precisamente la línea divisoria entre ambos ha sido objeto de intenso debate en la doctrina italiana y española y de decisiones judiciales de amplio calado, que desde diferentes perspectivas, en un tira y afloja entre distintas posturas teóricas, han confirmado que la titularidad del derecho se impone como cuestión previa a la definición de las técnicas de regulación del conflicto y de los sujetos legitimados a intervenir[2].

El debate ha interesado especialmente el complejo y heterogéneo sector de los servicios públicos esenciales, que inicialmente condenaba los funcionarios públicos a la exclusión de la titularidad del derecho sobre la base de tres argumentos: su relación de inmedesimación orgánica con la administración, la continuidad del servicio y el interés general. Pues, se argumentaba que la posibilidad misma del conflicto se excluía en raíz para los titulares de funciones públicas, vasallos de lealdad y obediencia hacia el Estado. A la par, se deducía que los servicios públicos, como conjunto de actividades fundamentales para la colectividad, no eran susceptibles de interrupción; y, en ultimo, que el interés general fuese el interés orientado a garantizar el orden de la sociedad liberal, en la cual el libre mercado y la continuidad del servicio prevalecían sobre cualquier otro interés privado[3].

La confrontación de las normas penales que incriminaban la abstención colectiva e individual de los funcionarios públicos con las modernas Constituciones ha determinado la demolición de la fortaleza penal que separaba aquéllos del derecho de huelga. A partir de aquel momento, el campo de los servicios públicos ha sido interesado por un fuerte movimiento telúrico de “balcanización de las relaciones industriales”[4] con el epicentro en los frecuentes conflictos extrasindicales. Las reflexiones sobre las fórmulas de ejercicio del derecho de huelga, sus modalidades de realización y la determinación de los servicios mínimos en este sector eran, en efecto, necesarias para garantizar los derechos fundamentales de los ciudadanos afectados por el conflicto. La aclaración de la cuestión de la titularidad ponía de manifiesto, una vez por todas, la necesidad de identificar al sujeto responsable por la valoración del interés colectivo y por la gestión solidaria del conflicto.

En este marco se inserta el presente estudio, que desentraña cómo efectivamente el nudo de la titularidad abre una vía de definición a la regulación del conflicto. Pues, de acuerdo con la premisa inicial, es el titular del interés colectivo el único sujeto capaz de valorarlo y el solo capacitado, por un lado, para tomar las decisiones relacionadas con su ejercicio y, por el otro lado, para asumir la responsabilidad de su regulación.

Esta conclusión deslegitima la intervención de las autoridades públicas en el conflicto y cualquier forma de ingerencia de un sujeto externo al espacio de regulación de la autonomía colectiva. Pues supera aquellos juicios que definen la huelga como acto contrario al orden natural del mercado sobre la base del axioma de la primacía de las libertades económicas y del orden público.

Sin embargo, en el actual contexto neoliberal, orientado a la deslegitimación de la acción colectiva y del sujeto sindical[5], los argumentos mencionados se han traducido en la reutilización de la herramienta penal para criminalizar el conflicto, en la procedimentalización de la huelga en los servicios esenciales y finalmente en un intervento sobre la misma titularidad del derecho, con la propuesta de introducir un referendum previo al conflicto[6]. Ejemplos patentes del primer tipo son la Ley de Seguridad Ciudadana y la modificación del artículo 315.3 del Código Penal español[7]. Un ejemplo del segundo tipo es el Decreto – Legge n. 146 del 20 de septiembre de 2015, convertido en Legge n. 182 del 12 de noviembre de 2015, que extiende la definición de servicio esencial a la apertura al público de museos y centros culturales y que representa el auge de un largo proceso de interpretación restrictiva del ejercicio del derecho de huelga en este específico sector por parte de la autoridad pública[8].

En una coyuntura que impone la necesidad de volver a abrir espacios críticos de reflexión sobre el derecho de huelga que se contrapongan con los argumentos del proyecto autoritario neoliberal en Europa[9], el objetivo del presente trabajo es recuperar el papel del conflicto y su significado constitucional y a la vez trazar la evolución de las principales líneas de interpretación formuladas a lo largo del tiempo con respecto a la construcción dogmática de la titularidad del derecho de huelga, verificando sus implicaciones teóricas.

  1. El marco constitucional del derecho de huelga

El estudio comparado de los paradigmas de la titularidad del derecho de huelga, que han contribuido al desarrollo de la regulación del sistema sindical, toma como ineludible punto de partida el papel de la huelga en el espacio constitucional de ambos ordenamientos.

Como señalan las disposiciones constitucionales –respectivamente los artículos 39 y 40 de la Constitución italiana y 7, 28 y 37 de la Constitución española– en el andamiaje constitucional la huelga es el principal instrumento de reivindicación de la autonomía colectiva para la defensa de los derechos sociales y a la vez el medio de participación democrática del colectivo de trabajadores para aproximarse a la igualdad real. Pues, el conflicto abre a los trabajadores la participación en la vida pública y plantea la adhesión a un proyecto de sociedad que pone el trabajo digno a fundamento de su desarrollo material y democrático.

Dentro del conflicto nace también el sujeto sindical, como aquel sujeto que representa a los trabajadores[10] y sus intereses colectivos y que promueve las acciones de lucha para la mejora de las condiciones laborales y para la construcción de una sociedad más libre e igualitaria.

Es precisamente sobre esta base que las normas de ambas Constituciones garantizan este hecho social como derecho fundamental[11], legitimando únicamente aquellas limitaciones introducidas por ley y orientadas a asegurar el mantenimiento de los servicios esenciales de la comunidad. En este sentido se expresan, con similitudes en la estructura y en el contenido, los artículos 40 y 28.2 respectivamente de las Constituciones italiana y española.

Como ponen de manifiesto ambas normas, la lucha colectiva solidaria es precisamente la que permite lograr avances hacia el desarrollo material y espiritual no sólo de la vida de cada cual, con las diferencias sexuadas del ser hombres y mujeres[12], sino de la sociedad entera. Esta dirección, marcada por ambos proyectos constitucionales, viene ciertamente desmentida por los avances recientes en la interpretación y en la regulación del conflicto.

  1. El contenido y el alcance del interés colectivo en el conflicto

El interés colectivo es el fundamento de las reconstrucciones teóricas sobre el derecho de huelga y es el espejo del grado de conciencia colectiva de una sociedad determinada. Pues la acción colectiva organizada por una pluralidad de trabajadores persigue unos intereses superindividuales, definidos por el mismo colectivo, que superan la simple suma aritmética de las abstenciones individuales para construir un interés común indivisible, funcionalmente orientado a la acción colectiva[13]. Además, en el plano de la relación individual de trabajo, el interés colectivo hacia el cual está encauzada la abstención individual excluye el incumplimiento del contrato laboral[14].

A lo largo del tiempo el interés colectivo se ha revelado el oráculo del cambio de sensibilidad de la sociedad.

De acuerdo con una primera reconstrucción, éste nace de la composición de los intereses individuales para satisfacer una necesidad común, fundamentalmente económica y de naturaleza privada[15]. El sindicato se posiciona entonces como un agente contractual que persigue la salvaguarda y la mejora de las condiciones laborales de los trabajadores afiliados por medio del convenio colectivo; correlativamente, la huelga representa la medida de presión para lograr mejoras económicas contractuales[16]. Se trata del modelo elaborado por una parte de la doctrina italiana post-constitucionalista y utilizado por el legislador español de la transición en el RDLRT n. 17/1977[17], en el cual el conflicto es un fenómeno anómalo y excepcional[18].

En una segunda interpretación, más acorde con los preceptos constitucionales, el interés colectivo es el momento final del proceso de formación de la voluntad de una pluralidad organizada de trabajadores que definen y persiguen unos intereses económico-profesionales y sociopolíticos[19]. De tal forma es el eje vertebrador del sistema sindical y del ordenamiento intersindical[20], que en Italia se construye sobre los axiomas del derecho privado y como reacción frente a la inactuación de la segunda parte del artículo 39 de la Constitución.

Finalmente, en una perspectiva de plena realización del modelo constitucional, se afirma una reconstrucción aún más extensa del interés colectivo y correlativamente del sindicato y del conflicto. El primero se concibe como aquel interés al avance de reivindicaciones directamente relacionadas con la condición de inferioridad socio-económica de los trabajadores y con su participación democrática. Dentro de este modelo el sindicato actúa como sujeto político de clase antagónico al capital, utilizando la huelga como instrumento para la consecución de la igualdad real, que plantea la remoción de todos aquellos obstáculos que de facto impiden la igualdad y la participación de los ciudadanos en la vida política, económica y social[21].

Semejante conquista, confirmada por los pronunciamientos de la Corte Costituzionale italiana[22], se debe a la maduración de las componentes colectivas dentro del tejido social y a la conciencia de un interés colectivo propio de las mujeres y de los hombres de la clase trabajadora. La huelga representa entonces el motor para plantear un cambio del modelo actual de sociedad y un elemento esencial de la vida democrática, colocándose más allá de la estricta dinámica contractual.

  1. Las aproximaciones teóricas a la titularidad del derecho de huelga

Una vez definido el enlace inescindible entre interés colectivo y huelga, es necesario aclarar dos cuestiones.

En primer lugar, cabe desentrañar cómo en ambos ordenamientos se concibe la relación entre las dimensiones individual y colectiva del derecho de huelga en términos de titularidad y de ejercicio del derecho, puesto que la huelga se desarrolla con la compresencia inestricable de ambos intereses[23].

Finalmente, se trata de deslumbrar cuál es el sujeto que define el interés colectivo y que organiza su defensa[24]. En especial modo, cabe aclarar si esta colectividad de referencia tiene que identificarse con una organización sindical previa al conflicto, que contribuye al gobierno de las relaciones industriales, o si, sin embargo, puede plasmarse incluso en una agrupación ocasional que se forma contextualmente al conflicto.

A estas cuestiones procuran responder las diferentes reconstrucciones teóricas de la titularidad del derecho de huelga.

Cuanto al primer elemento, como se analizará detenidamente a lo largo del presente estudio, los paradigmas de la titularidad del derecho de huelga son fundamentalmente dos: la titularidad individual con ejercicio colectivo y la titularidad colectiva, en sus distintas versiones.

La primera tesis reconstruye la huelga como un derecho del trabajador individual, pero de realización colectiva. La segunda define la huelga como un derecho del sujeto colectivo[25]: o bien del solo sindicato (en la fórmula del monopolio sindical), o bien de las agrupaciones ocasionales que se forman con ocasión del conflicto (según la fórmula italiana de la cd. titularidad “diffusa”)[26]. A las anteriores se añade una tercera reconstrucción, la de la cotitularidad del derecho de huelga, que pretende matizar las distintas facultades individuales y colectivas del derecho atribuyendo la titularidad de las mismas respectivamente a los trabajadores y al sujeto colectivo[27].

  1. La titularidad colectiva del derecho de huelga

Todas las reconstrucciones que se han ido sucediendo a lo largo del tiempo sobre la titularidad colectiva del derecho de huelga ponen de relieve el difícil equilibrio entre las vertientes individual y colectiva del derecho.

En efecto, se argumenta que resulta difícil configurar un interés individual autónomo del interés colectivo al conflicto[28], especialmente si se accede a la lectura constitucional de la huelga como fenómeno transformador de la sociedad. La contradicción reside por lo tanto en haber enlazado el conflicto a la igualdad real pero, a la vez, en haber sofocado la tensión colectiva con el pañuelo del individualismo, consagrando la opción de la titularidad individual dentro de un santuario inexpugnable[29].

Las distintas valoraciones de la titularidad colectiva reconectan entonces la legitimidad de la abstención individual del trabajo con la proclamación del conflicto: el grupo (el sindicato o también la agrupación espontánea) es el titular del derecho, mide el interés colectivo y lo persigue dentro del conflicto por medio de la convocatoria, legitimando así la abstención del trabajador individual, garantizada a nivel constitucional.

Dentro de estos grandes rasgos, las tesis de la titularidad sindical manifiestan sus diferentes matices, de forma acorde con la opción dogmática privilegiada y con el contexto jurídico y socio-económico dentro del cual se desarrollan.

5.1. Las reconstrucciones de la doctrina italiana de los años ‘50

Las primeras tesis de la doctrina italiana post – constitucionalista de los años ‘50 sobre la titularidad sindical nacen bajo la influencia del debate interno al ordenamiento italiano referente a la actuación (siempre abortada) de la segunda parte del artículo 39 de la Constitución, que prevé la registración de los sindicatos con personalidad jurídica habilitados a firmar, por medio de una delegación unitaria, los convenios colectivos con eficacia erga omnes. De acuerdo con la tesis mencionada, el interés colectivo es el interés público orientado a la satisfacción final de las necesidades de los trabajadores dentro del contrato[30], perseguido por el sindicato reconocido en el ejercicio de su función normativa[31]. Además, el sindicato es el sujeto capacitado para valorar el interés colectivo y utiliza el conflicto como instrumento de presión para lograr una modificación sustancial de las condiciones contractuales[32].

Dentro de la presente reconstrucción se distinguen además dos aproximaciones distintas.

Una primera aproximación deconstruye la huelga como sucesión de dos momentos complementarios: la convocatoria del conflicto, por medio de la cual el sujeto colectivo expresa la voluntad colectiva de ejercer el derecho fundamental, y la consiguiente abstención individual del trabajador, legitimada por la decisión colectiva[33].

Una segunda interpretación supera la dicotomía entre la acción individual y colectiva y reconstruye la huelga como derecho del sindicato, ejercido por un lado por el mismo sujeto sindical (convocatoria, realización y renuncia) y, por la parte ejecutiva, consistente en la mera abstención del trabajo, por los trabajadores individuales afiliados. En ambos casos la proclamación es para los trabajadores individuales la condictio juris necesaria para la adhesión del individuo a la abstención colectiva y la exclusión del incumplimiento contractual[34].

A pesar de su anacronismo, estas primeras tesis muestran sin embargo el pregio de reconocer el papel constitucional del sujeto colectivo, orientado a la mejora de las condiciones del conjunto de los trabajadores, y la relevancia del interés colectivo frente al interés individual. De tal forma, contribuyen a sentar las bases para la superación de la reconstrucción liberal e individualista, que desde la óptica contractual proponía una lectura del conflicto limitada a una suma amorfa de abstenciones individuales.

5.2. El debate interno a la doctrina italiana de los años ‘80

La cuestión de la titularidad del derecho de huelga vuelve a aparecer en el debate laboralista italiano en la segunda mitad de los años ‘80 y es objeto de otra revisión crítica precisamente a partir de la regulación de la huelga en los servicios públicos, por dos razones.

Las experiencias de autorregulación del conflicto en los servicios considerados esenciales para la comunidad y la inclusión de las cláusulas de paz en los convenios colectivos plantean el problema irresuelto de la estabilidad del sistema de relaciones industriales y de la compatibilidad con la titularidad individual de una regulación dictada a nivel colectivo[35].

Además, con la terciarización de la sociedad, el conflicto asume características cada vez más complejas, puesto que las abstenciones colectivas, realizadas en los sectores neurálgicos de la sociedad, principalmente en los servicios, afectan los intereses de los usuarios y de los sujetos terceros extraños al conflicto[36].

Se observa como la titularidad individual, que hasta aquel momento se había considerado la “garantía jurídica del pluralismo sindical ilimitadamente electivo”[37], se convierte en instrumento de tiranía para las agrupaciones ocasionales de trabajadores, que con sus reivindicaciones corporativistas huyen de la lógica general y solidaria del sindicalismo confederal, desestabilizando el sistema sindical[38]. A la titularidad individual se atribuye, pues, la responsabilidad de contribuir a deslegitimar los sindicatos confederales y de obstaculizar la institucionalización de las reglas del conflicto dentro del ordenamiento sindical[39].

Consecuentemente, se abre una nueva fase de debate, que en Italia tiene un interesante momento de confrontación en el Congreso nacional AIDLASS de 1988[40]. En ese contexto se ponen de relieve las contradicciones de la titularidad individual y se plantea la recuperación del paradigma de la titularidad colectiva como solución a las pulsiones corporativistas[41].

Se argumenta que la titularidad individual se construye sobre un oxímoron: el trabajador no puede ser a la vez el titular de una situación jurídica que no puede realizar por si mismo. Pues, la dimensión individual no llega a configurar por si sola el comportamiento material de la huelga[42].

Se destaca además una segunda gran contradicción de la tesis en objeto: nacida para asegurar la libertad sindical en su máxima plenitud, termina por crear un vulnus dentro de la misma democracia sindical, puesto que transforma la huelga en un instrumento de prevaricación de pequeñas agrupaciones con pulsiones corporativistas que rompen los vínculos de solidaridad.

El paradigma de la titularidad colectiva del derecho de huelga se plantea entonces como solución para la gestión ordenada del conflicto dentro de la lógica sindical confederal[43].

En este marco viene finalmente aprobada la Legge n. 146/1990, que disciplina las fuentes de regulación del derecho de huelga en los servicios esenciales y que abre un nuevo espacio de debate para la construcción dogmática de la titularidad del derecho.

5.3. Las aproximaciones a la titularidad del derecho de huelga a raíz de la Ley italiana n. 146/1990

La L. 146 del 12 de junio de 1990 sobre la regulación de la huelga en los servicios esenciales otorga a los sujetos colectivos el gobierno del conflicto en la definición de las prestaciones esenciales con el objetivo de encontrar un punto de equilibrio entre el derecho de huelga y los derechos fundamentales de los ciudadanos.

La elevada conflictividad de algunos sectores, como el transporte, con formas especialmente duras de conflicto para los usuarios, se traduce en una intervención específica del legislador, conocida como “Patto dei Trasporti”, que viene luego aplicada de forma general por la L. n. 83 del 11 de abril de 2000[44].

En ese contexto, a lado de la tesis prevalente de la titularidad individual[45], se reafirma en Italia la titularidad colectiva del derecho, que encontraría una confirmación en las prescripciones legales: la proclamación del conficto y las sanciones en caso de huelga ilegítima[46].

Cuanto al primer punto, se argumenta que las obligaciones procedimentales de los sujetos convocantes (la convocatoria, la indicación específica de las razones del conflicto y de sus características) integrarían una condición de legitimidad para la abstención del trabajador individual. Pues, de acuerdo con esta interpretación, para garantizar los intereses superiores de los usuarios, los huelguistas tendrían no ya el derecho, sino la simple libertad de abstenerse del trabajo, una vez proclamado el conflicto. De tal forma, la huelga en los servicios esenciales se configuraría como un derecho con titularidad y ejercicio colectivos[47].

En orden al segundo elemento, se deduce que el apartado de la ley dedicado a las sanciones colectivas en caso de huelga ilegítima confirmaría la titularidad colectiva, porque aplicaría a los sujetos colectivos responsables del conflicto las sanciones administrativas correspondientes[48].

A partir de esta referencia normativa se ha desarrollado aquel filón interpretativo que reconoce la titularidad del derecho no solamente a los sindicatos, sino también a las agrupaciones espontáneas de trabajadores, de forma acorde con la expresión constitucional de “organización sindical”. Se argumenta que, si la huelga es el derecho de presionar a la contraparte contractual mediante una pluralidad de abstensiones para perseguir un concreto interés que viene individuado por la misma colectividad, cada agrupación de trabajadores, aunque sea espontánea o temporal, puede interpretar este interés y constituir una propia organización en el pleno ejercicio de la libertad sindical[49].

Esta interpretación, sin embargo, no ha resultado exenta de críticas, fundamentalmente porque dejaría irresuelto el problema de arginar el conflicto espontáneo y la desestructuración de la regulación sindical del conflicto[50].

  1. La tesis de la titularidad individual del derecho de huelga

La tesis de la titularidad individual, común a las culturas jurídicas italiana y española, se propone como la base teórica del pluralismo sindical[51]. Ahonda sus raíces en las doctrinas individualistas de derecho privado, que hacen hincapié en la autodeterminación y en la libertad del trabajador individual de adherir o menos a la huelga convocada, y ha sido objeto de distintas reconstrucciones.

El punto común es la identificación del trabajador individual como el solo titular del derecho de huelga, en términos de derecho absoluto de la persona, y la participación del sujeto colectivo por medio del consenso de los trabajadores individuales sobre la abstención del trabajo[52].

En este sentido se han pronunciado las doctrinas del Tribunal constitucional de ambos países. En concreto, el Tribunal Constitucional español ha aclarado que la titularidad del derecho pertenece a los trabajadores, los cuales individualmente ejercen el derecho de unirse a las huelgas convocadas, y que sus facultades de ejercicio (la convocatoria, la decisión sobre las reivindicaciones planteadas, la publicidad o la proyección externa, la negociación y finalmente la decisión de poner fin a la huelga) pertenecen tanto a los trabajadores como a sus representantes y a las organizaciones sindicales, como acción colectiva y concertada[53].

Por lo tanto, la convocatoria, a la cual parte de la doctrina reconoce una función de simple propaganda del conflicto[54], sancionaría el acuerdo colectivo sobre la abstención de los trabajadores individuales, consagrando la presencia del sujeto colectivo por medio de un consenso individual. La abstención individual, sin embargo, constituiría el acto material dentro del cual toma forma la huelga, configurándose como comportamiento orientado a la autotutela de un interés colectivo indivisibile, que une a todos los trabajadores que recurren a la lucha como instrumento de presión[55].

Es especialmente el sector terciario el campo más confictivo y donde más se ha puesto en discusión la validez de la tesis de la titularidad individual, con la acción de pequeños grupos de trabajadores capaz de paralizar un entero servicio público.

Sin embargo, como argumentan los sostenedores de la titularidad individual, la fragmentación del conflicto no puede resolverse sólo con el planteamiento de la titularidad colectiva del derecho. A este respecto argumentan que el paradigma de la titularidad tiene que mantenerse desvinculado de la representatividad y de la democracia sindical. Según estas posturas, entonces, la L. n. 146/1990 no determinaría un cambio en el paradigma de la titularidad del derecho elegida por el ordenamiento jurídico, sino que incidiría más bien en la procedimentalización de su ejercicio, introduciendo una serie de obligaciones para los sujetos colectivos: la obligación legal de comunicar por escrito, dentro del plazo de preaviso (que no puede ser inferior a los diez días), la duración, las modalidades de realización de la abstención del trabajo y sus motivaciones y las obligaciones convencionales que las partes se dan dentro del convenio colectivo.

Todas las interpretaciones hacen hincapié además en que el conflicto y su gestión no constituyen una dote intocable de los sindicatos confederales, pudiendo nacer de la insatisfacción de amplias categorías de trabajadores incluso fuera de él y, aún así, expresar igualmente su voluntad de emancipación[56].

  1. Las críticas a los paradigmas tradicionales de la titularidad del derecho de huelga

Las críticas avanzadas a la tesis de la titularidad individual, que sigue siendo aquélla prevalente, son múltiples y tienen un peso considerable.

La titularidad individual con ejercicio colectivo revela en efecto todas sus contradicciones, puesto que crea una insanable fractura entre el sujeto al cual el derecho pertenece y aquél que lo ejerce: la escisión entre titularidad y ejercicio es priva de coherencia lógica[57], puesto que la titularidad es la posibilidad para el titular de valorar la existencia de su interés y, en caso positivo, de perseguirlo. El interés a fundamento de la huelga es un interés colectivo y, por lo tanto, el sujeto colectivo, que es el único capaz de medirlo, realizarlo y delimitar su ejercicio, no puede no ser el titular.

La reconstrucción individualista, que nace en defensa de la libertad sindical[58], además, desvalúa el momento de la organización del conflicto para centrarse en la componente individual: de tal forma eclipsa el significado constitucional de la huelga como instrumento de realización de la igualdad real y de participación del colectivo de trabajadores en la vida política, económica y social.

La titularidad colectiva, en contra, permite definir con claridad los sujetos admitidos a la actividad negocial y al conflicto y controlar la “balcanización de las relaciones industriales”[59], poniendo orden entre las organizaciones sindicales y reduciendo la fragmentación del conflicto, sobre todo en el sector terciarizado[60]. En efecto, el fortalecimiento del sindicalismo oficial puede favorecer el control de la fragmentación del conflicto promovida por las agrupaciones corporativas, que se organizan como sindicatos de base o como agrupaciones espontáneas y que actúan como free riders, puesto que no intervienen en la negociación colectiva para regular el conflicto pero recurren a ello para reivindicar intereses corporativos, utilizando medidas de lucha “salvaje” que a menudo no aseguran el respeto de los derechos fundamentales de los ciudadanos[61].

Sin embargo, limitar el derecho de huelga a las solas organizaciones sindicales confederales encuentra una serie de obstáculos de alcance constitucional: tanto la Constitución italiana, en sus artículos 39 y 40, como la Constitución española, en su artículo 28[62], rechazan las reconstrucciones orgánicas de la libertad sindical y del derecho de huelga[63]. Pues, el trabajador individual, a pesar de su afiliación sindical, tiene el derecho de ejercer su libertad sindical y abstenerse del trabajo, junto con otros trabajadores, de forma desvinculada a la decisión del sindicato de afiliación.

Además, sin los instrumentos adecuados de verífica del consenso entre el sindicato y su base, la titularidad colectiva podría crear una estructura verticística[64] y afirmar una representación estática de los intereses del mundo sindical, que sin embargo se caracteriza por su dinamicidad y por su interacción con la evolución de la estructura social.

Finalmente, la titularidad colectiva no asegura que para la regulación del conflicto se seleccionen aquellas organizaciones sindicales que son sujetos reales de la dinámica conflictiva, puesto que requiere una regulación de la representatividad sindical. Pues, la excesiva rigidez del elemento de la organización podría alterar la percepción de los sujetos efectivamente representativos, negando paradójicamente el acceso a aquéllos que son eficientes sujetos del conflicto y sin embargo admitiendo aquellas organizaciones escasamente representativas pero dotadas de una gran estructura organizativa.

El control del conflicto requiere por lo tanto una regulación que aclare los criterios por medio de los cuales medir la representatividad de las organizaciones sindicales y seleccionar los sindicatos admitidos a la negociación de los servicios mínimos en el complejo sector de los servicios públicos esenciales.

  1. La tesis de la cotitularidad del derecho de huelga

La construcción teórica que parece más coherente a la hora de definir la titularidad del derecho es aquélla que, analizando el contenido del derecho, pone en relación el titular con sus facultades: quien es titular de una facultad es aquél que, al mismo tiempo, la ejerce y puede disponer de ella.

Puesto que el contenido esencial del derecho de huelga se articula en distintas facultades que se reconducen, como Jano bifronte, a dos planos distintos, él colectivo y él individual, la huelga puede bien reconstruirse como un derecho de titularidad diferenciada, que pertenece al mismo tiempo al sujeto colectivo y al trabajador individual[65].

De acuerdo con esta interpretación, el contenido colectivo del derecho pertenece a la realización de la huelga como fenómeno colectivo e incluye la convocatoria, la decisión de realización y finalmente su eventual revocación. La titularidad de estas facultades se reconduce a los sujetos colectivos: tanto a los representantes de los trabajadores, como a los trabajadores de la unidad productiva afectada por el conflicto, o sea las coaliciones espontáneas.

El contenido individual del derecho, sin embargo, se refiere a la conducta del trabajador individual frente a una huelga ya convocada y se compone del derecho del trabajador de adherir o menos al conflicto, de participar a las acciones de lucha y de poner fin a su participación.

La reconstrucción planteada aparece coherente con la naturaleza y con el contenido del derecho de huelga.

En efecto, supera la principal objeción a la tesis de la titularidad individual, por la cual la titularidad del derecho es la disponibilidad de su ejercicio, puesto que atribuye a cada titular las facultades que en concreto puede ejercer y aquéllas de las cuales puede disponer.

Al mismo tiempo, valoriza el elemento colectivo y su significado constitucional, puesto que entre los titulares del derecho incluye también a las agrupaciones espontáneas: de tal forma supera las críticas a la tesis de la titularidad colectiva, que limita la libertad sindical frente al rechazo de la concepción orgánica.

Sin embargo, incluso adheriendo a la tesis sobre la cotitularidad del derecho de huelga, que es más coherente porque no produce la escisión entre el titular y el ejercicio del derecho, es un nudo ineludible la búsqueda de soluciones a la cuestión de la representatividad sindical.

  1. La relación entre titularidad del derecho de huelga y su regulación

El estudio de los distintos paradigmas de la titularidad del derecho de huelga abre una reflexión sobre la relación entre titularidad y regulación del conflicto y una verífica sobre el sujeto que determina las reglas de ejercicio del derecho y sus modalidades de realización.

Las soluciones adoptadas por los dos ordenamientos permiten valorar la coherencia de la opción regulativa con el marco constitucional. A este respecto, a pesar de que, como señala el Tribunal Constitucional español[66], las Constituciones puedan en abstracto estar abiertas a opciones políticas distintas y ser compatibles con diferentes modelos legales, no puede sin embargo desconocerse que éstas han acordado a la libertad sindical, a la negociación colectiva y a la huelga el máximo grado de reconocimiento como derechos fundamentales, dejando seña de una clara y rígida jerarquía de valores dentro del Estado Social y democrático de derecho[67].

El espacio reconocido a la autonomía colectiva por ambos ordenamientos constituye entonces el papel tornasol para medir el grado de democracia alcanzado por un ordenamiento en el gobierno de las relaciones industriales y se pone en estricta relación con la consideración del fenómeno colectivo y con las reconstrucciones sobre su titularidad. En efecto, la autorregulación y la regulación autónoma del conflicto representan dos manifestaciones de la libertad sindical y reflejan un doble perfil: uno de inmunidad de cara a intervenciones externas y otro de promoción de una regulación proveniente por el mismo sujeto colectivo.

Precisamente con la autorregulación el sujeto colectivo, que es el titular del interés colectivo, predispone por vía unilateral los instrumentos de gobierno del conflicto, se da sus propias normas y se compromete a respetarlas, asumiendo el compromiso de regular unilateralmente el ejercicio de la huelga, que es su principal instrumento de reivindicación, en sus facultades colectivas – fijando por ejemplo los plazos para su convocatoria – e individuales, determinando las prestaciones mínimas que los trabajadores tienen que garantizar. La asunción de esta responsabilidad, perfectamente compatible con el paradigma de la cotitularidad del derecho, permite alcanzar un “pacto de civilización” entre los sindicatos y los ciudadanos usuarios y responde a la necesidad de construir formas de regulación que sean expresión de la solidaridad social[68].

Con la negociación colectiva, sin embargo, las dos partes del conflicto –los representantes de los empresarios y los de los trabajadores– negocian las condiciones de ejercicio del derecho: predisponen concordemente las cláusulas de paz, los procedimientos de conciliación y las normas sobre la convocatoria de la huelga o el preaviso[69].

Ahondando en las praxis desarrolladas en los dos países objeto del análisis comparado, emerge que se han ido experimentando prácticas de autorregulación sindical, principalmente en el heterogéneo sector de los servicios públicos esenciales, donde la naturaleza de los intereses involucrados impone la búsqueda de instrumentos de regulación del conflicto como respuesta a la creciente conflictividad social[70].

En Italia se ha afirmado inicialmente la autorregulación unilateral y espontánea, de exclusiva proveniencia del sujeto colectivo, y seguidamente la autorregulación mixta, que ha tenido el respaldo de la ley, en un entramado de hétero y de autorregulación[71]. Esta praxis se ha superado definitivamente con la entrada en vigor de la Ley n. 146/1990[72], que reconoce el acuerdo colectivo como la fuente principal de regulación de la huelga en los servicios esenciales[73].

En el sistema español, sin embargo, las experiencias de autorregulación siguen afirmándose como un instrumento fundamental por medio del cual los sindicatos influyen sobre la determinación de los servicios mínimos que la autoridad de gobierno impone por vía unilateral y para modificar de facto el marco legal al cual la autonomía colectiva es extraña. De tal forma, y por medio de la lucha sindical, los sindicatos españoles han conseguido intervenir en la regulación del conflicto y de facto modificar el marco legal, a pesar de los poderes de intervención que sigue manteniendo la autoridad pública[74].

En el conflicto los intereses se expresan principalmente dentro de la dinámica sindical confederal, pero no exclusivamente, especialmente en una fase de crisis de la representatividad del sindicato que ha impulsado la apertura de espacios de reflexión y debate con respecto a la representación de su base[75]. Para que la regulación sea eficaz, entonces, la dinámica del conflicto y de su control tiene que pasar por una operación política de mediación de todas las instancias interesadas e involucrar dentro de la regulación también a aquellas voces de disenso, que permanecerán tanto más agresivas cuanto más se quedarán al margen de la definición de las reglas del conflicto[76].

A este respecto, para que una agrupación sea verdaderamente representativa y un sujeto de regulación del conflicto eficiente, es necesario que traiga su fuerza del consenso y de la apertura de espacios de debate y de confrontación. Sólo en una acepción dinámica del conflicto, que está abierto a la formación de nuevos sujetos colectivos a partir del mismo y que se esfuerza para lograr la unidad de acción, puede realizarse una regeneración de la conciencia colectiva y darse nueva linfa al sistema democrático de relaciones industriales.


 

[1]  Lahera Forteza, J., La titularidad de los derechos colectivos de los trabajadores y funcionarios, Consejo Económico y social, Madrid, 2000, p. 1.

[2]  En este sentido Rusciano, M., Lo sciopero nei servizi essenziali, en AA.VV., AIDLASS, Lo sciopero: disciplina convenzionale e autoregolamentazione nel settore privato e pubblico, Atti del IX congresso nazionale di diritto del lavoro, Fiuggi 8-9-10 aprile 1988, Giuffré, Milán, 1989, p. 27.

[3]  Sobre el punto se reenvía a la brillante monografía de Baylos Grau, A., Derecho de huelga y servicios esenciales, Tecnos, Madrid, 1988, p. 119.

[4]  D’Antona, M., “La Commissione di Garanzia come arbitro (sciopero e contrattazione collettiva nei servizi pubblici essenziali)”, en QDLRI, 1993, 13, p. 61, aquí p. 63.

[5]  Para una profundización crítica sobre la colonización economicista del derecho del trabajo y la vuelta hacia la autonomía individual se reenvía a la interesante monografía de Castelli, N., Contrato, consenso, representación. Reflexiones sobre la juridificación e las relaciones laborales, Bomarzo, Albacete, 2014.

[6]  Se trata del controvertido proyecto de ley italiano, actualmente objeto de debate en el Senado, n. 2006 del 2015, presentado por el Senador Pietro Ichino sobre “Disposizioni per la regolazione del conflitto sindacale nel settore dei trasporti pubblici e integrazione della disciplina generale dell’assemblea sindacale”. Este propone la realización de un referendum previo al conflicto en el sector del trasporte y se coloca idealmente junto con el proyecto de ley sobre la huelga virtual.

[7]  El actual art. 315.3 CP proviene del antiguo artículo 496 del Código Penal español, una norma autoritaria introducida precisamente en medio de la transición política con el objetivo declarado “hacer frente a la creciente actividad agresiva de grupos organizados que se autodenominan piquetes de extensión de huelga”, buscando la intimidación de las organizaciones sindicales. Para una profundización sobre el punto, Baylos, A., Terradillos, J., “Nota sobre el artículo 315.3 del Código Penal y la incriminación penal de los piquetes de huelga”, publ. en Según Antonio Baylos, http://baylos.blogspot.com.es, entrada del 24 de abril de 2007.

[8]  Para un análisis de la regulación de la huelga en los servicios esenciales se reenvía a las consideraciones expresadas en Birgillito, M., “Una mirada comparada sobre el derecho de huelga en los servicios esenciales y sus sujetos reguladores: Italia y España”, en RDS, 2016, 73, pp. 203- 230.

[9]  Las políticas antisindicales se han adoptado nen Europa de forma generalizada. Una mirada comparada sobre España, Portugal e Italia en Baylos, A., Castelli, N., Trillo, F., Negociar en crisis. Negociación colectiva en los países del Sur de Europa, Bomarzo, Albacete, 2014.

[10]  Baylos Grau, A., Sindicalismo y derecho sindical, Bomarzo, Albacete, 2016, p. 7 ss.

[11]  Sánchez Martínez, M.O., La huelga ante el derecho. Conflictos, valores y normas, Dykinson, Madrid, 1997, p. 170-171 ss.; Valdés Dal-Re, F., Límites al derecho de huelga: apuntes críticos, en El derecho del trabajo en España De La Villa Gil L.E., Sagardoy Bengoechea J.A. (a cura de) IES, Madrid, pp. 607-697.

[12]  A un “Derecho sexuado en femenino y en masculino” hace referencia Mora Cabello de Alba, L., Un derecho del deseo, un derecho sexuado, Icaria, Barcelona, 2015.

[13]  Santoro Passarelli, F., Autonomia collettiva, en Enc. Dir., IV, Giuffrè, Milán, 1959, p. 374. Dell’Olio, M., L’organizzazione e l’azione sindacale in generale, en L’organizzazione e l’azione sindacale, Dell’Olio, M., Branca, G. (a cura de), Cedam, Padua, 1980, p. 3 ss. Romei R., “Ripensare il diritto di sciopero?”, en DLRI, 2012, p. 331 – 337, aquí p. 335. En estos términos también C. Cost. 4.5.1960 n. 29.

[14]  Cass. 3.5.1984, n. 2696, en RGL, 1985, II, p. 530; Cass. 20.7.1984, n. 4260, en NGL, 1984, p. 431.

[15]  Santoro Passarelli, F., Autonomia collettiva, cit., p. 369. Cfr. Tarello, G., Teorie e ideologie nel diritto sindacale: l’esperienza italiana dopo la Costituzione, Edizioni di Comunità, Milán, 1972, p. 30-31.

[16]  Véase a este respecto Rusciano, M., Contratto collettivo e autonomia sindacale, Utet, Turín, 2003, p. 22. Cfr. Ghera, E., “L’autonomia collettiva e le trasformazioni del diritto sindacale: da Francesco Santoro – Passarelli al pluralismo ordinamentale”, en LD, 2009, 3, p. 351 ss.

[17]  Analizan cómo el RDLRT responda al modelo de huelga contractual Palomeque López, M.C., “La regulación por ley del derecho de huelga”, en Documentación laboral, 1987, 23, p. 17; Martín Valverde, A., Huelga laboral y huelga polìtica: un estudio de modelos normativos, en AA.VV., El Derecho del trabajo ante el cambio polìtico, Publ. Universidad de Zaragoza, 1977, p. 76 ss.

[18]  De La Villa Gil, L. E., Palomeque LÓPEZ, M.C., Introducción a la economía del trabajo, Vol. II, Debate, Madrid, 1977-1982, p. 292.

[19]  Tarello, G., Teorie e ideologie nel diritto sindacale .., cit., p. 85. Palomeque López, M.C., “La regulación del derecho de huelga en España”, en Revista del Instituto de Estudios Económicos, 2010, 2/3 p. 96.

[20]  Giugni, G., Introduzione allo studio dell’autonomia collettiva, Giuffré, Milán, 1960.

[21]  Para un análisis del papel de la huelga en el marco constitucional español Durán López, F., “La nueva regulación de la huelga y el cierre patronal”, en RPS, 1977, 15, pp. 47-82. Del mismo autor, Derecho de huelga y legalización del conflicto de clase, Publicaciones de la Universidad de Sevilla, Sevilla, 1976.

[22]  Sentencia de la Corte costituzionale italiana n. 290 del 27 de diciembre de 1974.

[23]  Nogler, L., La titolarità congiunta del diritto di sciopero, en Diritto del lavoro in trasformazione, Corazza, L., Romei, R. (a cura de), Il Mulino, Bolonia, 2014, pp. 97-116.

[24]  Mengoni, L., Lo sciopero nel diritto civile, en AA.VV., Il diritto di sciopero, Giuffrè, Milán, 1964, p. 40.

[25]  Veneziani, B., Stato e autonomia collettiva. Diritto sindacale italiano e comparato, Cacucci, Bari, 1992. Para un excursus de las reconstrucciones italianas sobre la titularidad del derecho, Gaeta, L., “Le teorie dello sciopero nella dottrina italiana. Una guida alla lettura”, en RTFPC, 1990, p. 139; Santucci, R., “Titolarità del diritto di sciopero e rappresentanza sindacale: prime riflessioni su alcuni percorsi dottrinali”, en QC, 1990, 2, p. 263; Bellocchi, P., “La titolarità del diritto di sciopero negli studi recenti”, en LD, 1994, 1, p. 163 ss.

[26]  Carinci, F., “Il diritto di sciopero: la nouvelle vague all’assalto della titolarità individuale”, en Giorn.dir.lav.rel.ind., 2009, 123, p. 428.

[27]  Palomeque, M. C., Derecho sindical español, Tecnos, Madrid, 1986. Nogler L., La titolarità congiunta del diritto di sciopero, cit., pp. 97-116.

[28]  Rusciano, M., Lo sciopero nei servizi essenziali, en AA.VV. AIDLASS, Lo sciopero: disciplina convenzionale, cit., pp. 27 28.

[29]  En estos términos, Romagnoli, U. y Vardaro, G., Intervento, en AA.VV. AIDLASS, Lo sciopero: disciplina convenzionale.., cit., pp. 283 y 221.

[30]  Una descripción completa en Tarello, G., Teorie e ideologie nel diritto sindacale …, cit., p. 40.

[31]  Mortati, C., Il lavoro nella Costituzione, en DL, 1954, I, p. 149.

[32]  Santoro Passarelli, F., Autonomia collettiva, giurisdizione, diritto di sciopero, en Scritti giuridici in onore di Francesco Carnelutti, Cedam, Padua, 1950, IV, p. 439 ss.

[33]  Calamandrei, P., Significato costituzionale del diritto di sciopero, en RGL, I, 1952, p. 221.

[34]  Interpretación confirmada por la jurisprudencia de legitimidad italiana. Cass. 3.5.1984, n. 2696, RGL, 1985, II, pág. 530; Cass. 20.7.1984, n. 4260, NGL, 1984, pág. 431.

[35]  Analiza las experiencias italianas de autorregulación del conflicto Di Cerbo, F., L’autoregolamentazione dello sciopero, Giuffré, Milán, 1980.

[36]  La conflictividad espontánea emerge en toda su evidencia con la progresiva pérdida de representación del sindicalismo confederal: Fontana, G., Profili della rappresentanza sindacale, Giappichelli, Turín, 2004, p. 3 ss.; Rusciano, M., Contratto collettivo e autonomia sindacale, cit., p. 149; Caruso, B., Rappresentanza sindacale e consenso, Franco Angeli, Milán, 1992, p. 124. Cfr. Sciarra, S., “Il “conflitto fra gruppi” nei servizi pubblici essenziali”, en LD, 1988, 4, p. 668.

[37]  Expresión utilizada por Zoppoli, A., La titolarità sindacale del diritto di sciopero, Jovene, Nápoles, 2006.

[38]  Carinci, F., Lo sciopero nei servizi pubblici essenziali: dall’autoregolamentazione alla legge 12 giugno 1990, n. 146, en RGL, 1990, 41, p. 460.

[39]  Romagnoli, U., “Sulla titolarità del diritto di sciopero”, en Giorn.dir.lav.rel.ind., 1988, p. 573 y ss., aquí p. 583.

[40]  Sobre este punto, se reenvia a AA.VV., AIDLASS, Lo sciopero: disciplina convenzionale e autoregolamentazione nel settore privato e pubblico, Atti del IX congresso nazionale di diritto del lavoro, Fiuggi 8-9-10 aprile 1988, Giuffré, Milán, 1989.

[41]  Rusciano, M., Lo sciopero nei servizi essenziali, en AIDLASS, Lo sciopero …, cit., pp. 26 – 27.

[42]  Cfr. con la postura de Pera, G., Sulla inesistente questione della titolarità del diritto di sciopero, en Scritti in onore di Angelo Falzea, vol. III, Giuffré, Milán, 1991, pp. 681-693.

[43]  Romagnoli, U., Intervento, en AIDLASS Lo sciopero …, cit., p. 282. Contra, Tosi, P., Contrattazione collettiva e controllo del conflitto, en AIDLASS Lo sciopero …, cit., p. 71 ss., que argumenta que la titularidad individual del derecho de huelga estaría erradicada en la Constitución material.

[44]  Treu, T., “Elementi per un bilancio della L. n. 146/1990”, en RIDL, 1992, I, p. 302, qui p. 316.

[45]  Pascucci, P., Tecniche regolative dello sciopero nei servizi essenziali, Giappichelli, Turín, 1999.

[46]  Rusciano, M., “L’iter formativo della legge 83 del 2000”, en DLRI, 2002, p. 167, aquí, p. 173; Pino G., Conflitto e autonomia collettiva, Giappichelli, Turín, 2005, pp. 129-174.

[47]  Rusciano, M., “L’iter formativo della legge 83 del 2000”, cit., p. 173; Vardaro, G., Intervento en AA.VV. AIDLASS, Lo sciopero: disciplina convenzionale…, cit., p. 222.

[48]  Sobre el aspecto de las sanciones a las agrupaciones ocasionales, como además trazado por la Commissione di Garanzia, Pascucci, P., “Le sanzioni della l. n. 146/1990 e le astensioni collettive delle coalizioni spontanee”, en Newsletter Cgs, 2008, 1 – 2, p. 5 ss.; Zoppoli, A., “Lo sciopero “spontaneo”: l’enigmatico percorso della Commissione di Garanzia”, en DLM, 2008, 3, p. 653 ss.

[49] Como además confirmarían las deliberaciones de la Commissione di Garanzia (véase, especialmente, la del. 04/74, donde la Commissione considera componentes del comitato espontáneo los participantes de la huelga). Un análisis en Zoppoli, A., La titolarità sindacale del diritto di sciopero, cit., p. 145; del mismo autor, Un giurista del lavoro al passo coi tempi, en AA.VV., Il contributo di Mario Rusciano all’evoluzione teorica del diritto del lavoro. Studi in onore, Giappichelli, Turín, 2013, p. 375 ss. Pino, G., Conflitto e autonomia collettiva: contributo allo studio della regolamentazione contrattuale del diritto di sciopero, Giappichelli, Turín, 2005.

[50]  Tosi, P., Contrattazione collettiva e controllo del conflitto, en AA.VV. AIDLASS, Lo sciopero: disciplina convenzionale.., cit., pp. 71 ss. Mariucci, L., “Il conflitto colllettivo nell’ordinamento giuridico italiano”, en DLRI, 1989, p. 1 ss. 1989, 18; Romei, R., “Ripensare il diritto di sciopero?”, en DLRI, 2012, p. 331 ss. Orlandini, G., Qualche contro-argomento alla tesi della titolarità collettiva del diritto di sciopero, en Loffredo, A. (a cura de), cit., p. 117 ss. Nogler, L., La titolarità congiunta del diritto di sciopero, cit., p. 100.

[51]  Brillante definición de D’Antona, M., “Chi rappresenta chi”. I debiti della decima legislatura, en LD, 1992, 3, p. 541.

[52]  Sciarra, S., Intervento, en AA.VV. AIDLASS, Lo sciopero: disciplina convenzionale .., cit., p. 242.

[53]  STC 259/2007, de 19 de diciembre.

[54]  Mengoni, L., Lo sciopero e la serrata nel diritto italiano, en AA.VV., Sciopero e serrata nei paesi della CECA, Giuffré, Milán, 1961, p. 247 ss.

[55]  Argumenta a favor de la tesis de la titularidad individual Baylos, A., Derecho de huelga y servicios esenciales, cit., p. 171.

[56]  Sciarra, S., Intervento, cit., p. 244.

[57]  Garofalo, M.G., Sulla titolarità, cit., p. 574. Rusciano, M., Lo sciopero nei servizi essenziali, en DLRI, 1988, pp. 410 – 411.

[58]  Romagnoli, U., “Sulla titolarità del diritto di sciopero”, cit., p. 573 ss.

[59]  D’Antona, M., “La Commissione di Garanzia come arbitro (sciopero e contrattazione collettiva nei servizi pubblici essenziali)”, cit., p. 63.

[60]  Garofalo, M.G., Sulla titolarità del diritto di sciopero, cit., p. 573 ss. Cfr. Pera G., Il diritto di sciopero, cit., p. 449.

[61]  Garofalo, M.G., Sulla titolarità del diritto di sciopero, cit., p. 573 ss.

[62]  Sepúlveda Gómez, M., Los medios de protección de la libertad sindical, Bomarzo, Albacete, 2006.

[63]  En la doctrina española, contrarios a la titularidad sindical Baylos, A., Castelli, N., National Report: Spain, en The right to strike in the EU. The complexity of the norms and safeguarding efficacy, La Macchia C. (a cura de), Ediesse, Roma, 2011, pp. 203 – 218.

[64]  Sobre la opción de un referendum entre los trabajadores afiliados al sindicato, Tosi, P., “Contrattazione collettiva e controllo del conflitto”, en Gior.dir.lav.rel.ind., 1988, 39, p. 489.

[65]  Palomeque, M. C., Derecho sindical español, cit., p. 160. Nogler, L., La titolarità congiunta del diritto di sciopero, cit., pp. 97-116. Conclusiones parecidas expresa también Romei, R., Esiste davvero la titolarità del diritto di sciopero?, en AA.VV., La titolarità del diritto di sciopero, Loffredo A. (a cura di), Cacucci, Bari, 2008, p. 39 ss. Para una crítica al desdoblamiento de la titularidad del derecho colectivo en los dos momentos de la convocatoria y del derecho individual de adhesión, Mengoni, L., Lo sciopero nel diritto civile, cit., p. 27; Giugni, G., Diritto sindacale, Cacucci, Bari, 1986, p. 218; Scognamiglio, R., Diritto del lavoro, Jovene, Nápoles, 1992, p. 339.

[66]  STC 11/1981, de 8 de abril.

[67]  Ferrajoli, L., Diritti fondamentali, en Diritti fondamentali. Un dibattito teorico, Vitale E. (a cura de), Laterza, Roma – Bari, 2001, pp. 5 40.

[68]  Rusciano, M., Lo sciopero nei servizi essenziali, en DLRI, 1988, p. 389 ss., aquí p. 398.

[69]  Sobre este aspecto, Corazza, L., Il nuovo conflitto collettivo. Clausole di tregua, conciliazione e arbitrato nel declino dello sciopero, Franco Angeli, Milán, 2012.

[70]  Carinci, F., Lo sciopero nei servizi pubblici essenziali: dall’autoregolamentazione alla legge 12 giugno 1990, n. 146, en RGL, 1990, p. 457 ss.

[71]  Sobre la evolución de la autorregulación en Italia, en sus diferentes formas, se reenvía a la monografía de Di Cerbo, F., L’autoregolamentazione dello sciopero, cit., respectivamente a las páginas 116-119; 132-135 y 112. Cfr. Carinci, F., Autoregolamentazione del diritto di sciopero, cit., p. 23; Treu, T., Introduzione, en Arrigo, G., Crea, E., Pandolfo, A., Treu, T., Sciopero? Si, no, come. Sindacato e autoregolamentazione, EL, Roma, 1981, p. 13 ss.

[72]  Mariucci, L., La legge sullo sciopero nei servizi essenziali: problemi chiusi e aperti, en LD, 1990, 4, p. 533, aquí p. 536. Treu, T., Le prestazioni indispensabili (artt. 2, 3, 19), en AA.VV., Sciopero e servizi essenziali. Commentario sistematico alla L. 12 giugno 1990, n. 146, Cedam, Padua, 1991, p. 11.

[73]  Santoro Passarelli, G., Art. 2, en AA.VV. Lo sciopero nei servizi essenziali. Commentario alla legge 12 giugno 1990, n. 146, Rusciano, M., Santoro Passarelli, G. (a cura de), Giuffrè, Milán, 1991, p. 24. En este sentido también Ricci, M., Sciopero nei servizi pubblici essenziali tra vecchi e nuovi limiti, en AA.VV., Sciopero e servizi pubblici essenziali. Commento alla legge n. 146/1990, modificata e integrata alla legge n. 83/2000, Ricci M. (a cura de), Giappichelli, Turín, 2001, p. 5.

[74]  Sobre el punto se reenvía integralmente a las consideraciones expresadas en Birgillito, M., “Una mirada comparada sobre el derecho de huelga en los servicios esenciales y sus sujetos reguladores: Italia y España”, cit., pp. 203- 230, especialmente pp. 222 – 228.

[75]  En este marco se insertan las recientes iniciativas de debate interno al sindicato español CC.OO. y la redacción del documento unitario “Repensar el sindicato”, de Mayo de 2016, disponible en www.pv.ccoo.es. El cuestionamiento de la posición sindical frente a la actual crisis económica ha abierto también intensos debates internos a la CGIL italiana y de contestación frente a las decisiones de la dirigencia sindical, con la constitución del movimiento “La CGIL che vogliamo”, luego disuelto el 17 de Junio de 2013. La moción presentada dentro del Congreso de la CGIL es disponible en http://old.cgil.it/Archivio/EVENTI/sintesi%20mozione%202.pdf

[76]  Garofalo, M.G., Intervento, en AA.VV. AIDLASS, Lo sciopero: disciplina convenzionale…, cit., p. 237.