Hay 3.492.141 de personas paradas que no perciben prestaciones por desempleo

Por Enrique Negueruela

El número de personas paradas entre 16 y 64 años que recibe alguna prestación es de 1.352.502 sobre un total de 4.844.643 en paro, lo que supone una tasa de protección del 27,9%. Actualmente hay 3.492.141 que no perciben prestaciones por desempleo. En relación con el mismo trimestre de 2011, para abarcar el periodo del actual gobierno, el número de personas que percibe una prestación ha disminuido un 24,8%, hay 446.602 menos y el número de personas desprotegidas ha aumentado en 294.801, un 9,2%. La tasa de protección disminuye 2,4 puntos en relación con el año anterior y 8,1 puntos sobre el mismo trimestre de 2011.

La tasa de protección oscila entre el 36,1% de los hombres que llevan menos de un año en paro y el 16% de las mujeres que llevan más de cuatro. A medida que aumenta el tiempo en paro, disminuye el número de personas protegidas y, si son mujeres, aún más. De los datos de la tabla anterior se extrae la imperiosa necesidad de una prestación para aquellos que carecen de ella, cada día en mayor número. De las 3.017.874 personas paradas de larga duración, que suponen el 62% de todas las paradas, solo poco más de 750 mil tiene alguna prestación, el 25,1%. Hay 2.260.756 personas paradas de larga duración que no tienen ninguna cobertura.

La tasa de protección en el tercer trimestre de 2015 se sitúa por debajo del inicio de la crisis. En el tercer trimestre de 2008 la tasa era del 29,2%, en este último trimestre ha habido una tasa del 27,9%. La diferencia es que hay 2.247.878 personas paradas más de las que 1.654.774 no tienen ninguna protección.

Las personas paradas entre 52 y 54 años han visto cómo la reforma laboral les ha eliminado el acceso al subsidio previo a la jubilación. Las consecuencias son claras: habiendo habido un aumento del número de paradas del 31%, 38.629 más, las personas sin protección han aumentado un 93%, 40.821 más. La tasa de protección ha pasado del 64,7% al 48,1%. De que hubiera dos de cada tres personas protegidas en el tercer trimestre de 2011, a menos de uno de cada dos en este último trimestre.

Si analizamos cómo ha evolucionado la tasa de protección por tiempo en paro en relación con 2010, el grupo que mayor disminución tiene en la actualidad es el de aquellas personas que llevan menos de un año buscando empleo: han pasado de una tasa de protección del 44,2% a la actual del 32,6%; han perdido 11,6 puntos.

Estos datos son claramente reveladores de la situación del empleo. El grado de precariedad en el que está sumido el mercado de trabajo es tal que ni tan siquiera se generan prestaciones. Además el hecho de haber parcializado los subsidios lleva a que estos tiendan a no solicitarse después de un contrato a tiempo parcial, permaneciendo a la espera de otro a tiempo completo que muchas veces tarda en llegar.

En 2016, si no se modifica la normativa elaborada por este Gobierno en relación con los mayores de 55 años, se verá un fuerte aumento de la desprotección de los parados de muy larga duración, quienes llevan más de dos años. Esta evolución es la que ha de obligar a una modificación legal de las prestaciones en el sentido contrario al realizado por el PP. Es preciso hacer valer el artículo 41 de la Constitución y que las personas paradas estén protegidas.

Desde que el Partido Popular ha llegado al gobierno, el número de personas sin protección ha aumentado en casi cuatrocientas cincuenta mil. En Extremadura aumentó el número de personas paradas desprotegidas un 52%, en Cantabria un 34% y en Navarra un 30%. En La Rioja, sin embargo, se ha reducido un 34%, en Cataluña un 6% y en Balears un 4,7%. Estas diferencias exigen que desde los Servicios de Empleo de las comunidades autónomas se implementen programas específicos para su corrección, especialmente programas de contratación de personas no perceptoras.

Si, dejando a un lado la EPA, tomamos datos de las estadísticas de prestaciones, podemos cuantificar económicamente los recortes. El gasto realizado hasta el mes de septiembre de 2011 fue de 22.382 millones de euros. En los nueve primeros meses de este año se gastaron 15.508 millones de euros, un recorte de 6.875 millones, el 30,7%. Este recorte hubiera servido para que tuvieran un subsidio 1.793.111 personas de las actualmente desprotegidas. A cambio han puesto en marcha un programa que ha atendido de media a septiembre a 40.916 personas, en vez de los 221.111 que se habían comprometido.

Obviamente la protección de los parados es un problema político y, para este gobierno, no entra entre sus prioridades. Esperemos que para quien lo sustituya, sí lo sea.