El gobierno ha recortado el gasto en prestaciones en más de 25 mil millones de euros en relación con el realizado en 2011

Por Enrique Negueruela

Para valorar este recorte en su justa medida, es preciso tener en cuenta que la cifra de parados EPA hasta 2015 ha sido muy superior a la de 2011. El año pasado la media de parados fue de 43 mil personas más y en el conjunto de los cuatro años ha habido 2,5 millones de parados más.

En 2016 continúa el recorte y es previsible que, si se continúa con la normativa actual, el gasto sea cerca de doce mil millones menos que en 2011. En los dos meses de los que hay datos, ya es inferior en unos dos mil millones de euros. Este menor gasto va acompañado de una reducción del número d beneficiarios. Si en los dos primeros meses de 2011 se abonaron algo más de seis millones de nóminas, en 2016 han sido 1,8 millones menos. La reducción ha sido de un 29% en el número de beneficiarios y de un 36% en el gasto realizado.

Si comparamos el gasto con el presupuesto del SEPE, en los dos últimos años han quedado sin gastar más de diez mil millones de euros. En 2016 serán cerca de dos mil. Además de la enorme injusticia que supone este hecho y que la tasa de protección por paro en 2015 haya sido inferior al 30%, el 28,3%.

Del gasto social que tiene el gobierno del Estado, salvo las pensiones, el que requiere un mayor volumen de recursos son las prestaciones por desempleo. Es el SEPE quien tiene la competencia y, por lo tanto, la obligación de proporcionar la protección a los parados, tal y como le mandata el artículo 41 de la Constitución. Si el SEPE incumple sus obligaciones, las personas no protegidas por él, en su totalidad o en una parte, deberán ser atendidas por las rentas sociales de las comunidades autónomas.

Las comunidades se ven obligadas a asumir unas competencias que no son suyas y para las que no tienen financiación, la contingencia a proteger es el desempleo y hay que decir una vez más que es estatal. Emplean recursos que no tienen e incumplen el déficit. Pese a que se carece de datos para poder estimar qué parte del aumento del déficit de las comunidades se debe a este motivo, es obvio que al ser un gasto que están realizando sin financiación, es puro déficit.

Conociendo esta situación, resulta totalmente indignante ver la expresión cínica del ministro Montoro sacando pecho por lo bien que lo ha hecho el Gobierno y “regañando” a las comunidades autónomas que han tenido que invertir, aumentando su déficit, por la dejación de funciones del Estado.

Pero lo más importante, más que el déficit, es el hecho de que en 2015 haya habido 3.622.392 personas paradas que no perciban prestaciones por desempleo de las que 2.363.062 sean de larga duración que no tienen ninguna cobertura.

Esta situación de forma inmediata solamente se palia extendiendo la protección del subsidio a las personas paradas con cargas familiares, a los mayores de 45 años, a las mujeres víctimas de violencia y a las personas con discapacidad. Es una modificación que operativamente puede asumir el propio SEPE con solo algún refuerzo de plantilla.

Supone una modificación simple de la Ley General de la Seguridad Social que no requiere ningún procedimiento adicional. Una vez que esté aprobada, será el momento de definir lo que algunos llaman salario mínimo vital o renta mínima. Habrá que poner en marcha el procedimiento de aprobación de cada expediente, organizar y dotar el o los órganos que la gestionen, etc. Mientras tanto, las personas paradas no pueden continuar sin ingresos. La propuesta de ampliación del subsidio es una salida inmediata a la fecha de su publicación en el BOE que no requiere demora alguna. La mayoría del Congreso tiene capacidad de hacerlo, solo precisa de su voluntad política. ¿La habrá?